TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La insistencia del gobierno de impulsar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aún en contra de diferentes sectores del país, conlleva decisiones con consecuencias impredecibles.
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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ya advirtió a los inversionistas nacionales y extranjeros de los riesgos que enfrentarían al apegarse al cuestionado modelo.
| Miembros del CAMP
Según el artículo 11 de la Ley Orgánica de las ZEDE, los miembros del CAMP, que aprobarán esos proyectos, son nombrados por el presidente de la República y deben ser ratificados por el Congreso Nacional.
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Dos proyectos -Próspera en Roatán, Islas de la Bahía; Ciudad Morazán en Choloma, Cortés, ya enfrentan la oposición de los pobladores y corporaciones municipales; mientras que uno tercero, Agroalpha en San Marcos de Colón, Choluteca, por tratarse de un parque agroindustrial, no tiene mayor cuestionamiento de los ciudadanos, pero sí ha generado cierta división entre los miembros de la municipalidad.
Inestabilidad
Desde el 2011 este prototipo de inversión en el país ha tenido un enorme impacto en la estabilidad jurídica y social.
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En octubre de 2011, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo eran inconstitucionales. Todos los magistrados que aprobaron la inconstitucionalidad fueron destituidos, solo quedó Óscar Fernando Chinchilla, quien votó en contra.
Ante tal declaratoria, el Congreso Nacional nuevamente retó el tema y mediante decreto 236-2012 reformó los artículos constitucionales 294, 303 y 329 y a las RED les dio el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), luego creó su Ley Orgánica.
Se trata de una normativa que mientras por un lado dice que las ZEDE son parte inalienable del Estado de Honduras, sujetas a la Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a la soberanía, por otro en su mismo articulado se contradice.
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El artículo 2 de de esta legislación indica que las ZEDE pueden “crearse con el objeto de desarrollar centros financieros nacionales e internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de Inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas agroindustriales especiales, zonas turísticas especiales, zonas mineras especiales, zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial”.
Al aprobar esta ley, el legislativo desconoció la Ley de Municipalidades y determinó que será el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP)- cuyos representantes son nombrados por el presidente de la República- el que determinará la aprobación y reglamentación de las Zonas de Empleo y Desarrollo.
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Expropiación
Los artículos 25, 26 y 28 establecen la expropiación por parte de los inversionistas de las ZEDES sobre aquellos terrenos aledaños al proyecto que ellos quieran comprar y el dueño no quiera vender.
El artículo 25 dice que “el Estado de Honduras podrá expropiar previa indemnización a los propietarios de las mismas. El justiprecio será determinado con base en los valores referenciales de mercado de bienes de igual calidad que se encuentren fuera de ese régimen especial”.
En caso de que un tercero presente oposición a la venta o asociación, “las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) podrán expropiar el inmueble consignando el valor del mismo”, dice uno de los párrafos del artículo 27.
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El articulo 28 también reafirma que el Estado por medio de las ZEDE puede declarar la expropiación por causa de utilidad o necesidad pública de los bienes que considere necesarios para el desarrollo y expansión de las mismas, debiendo pagar una indemnización justicipreciada”.
Ciudad Morazán
Amparándose en esta normativa y ubicándose en un territorio de 50 manzanas, Ciudad Morazán ya tiene completamente amurallado su perímetro.
En su portal web se promueve como un espacio industrial para fábricas, pero también ofrece casas, apartamentos, supermercados, iglesias, escuelas, seguridad y demás servicios necesarios para vivir una vida satisfactoria.
Asimismo, plantea una “abundante disponibilidad de mano de obra calificada, fácil acceso a un puerto profundo, importaciones y exportaciones libres de impuestos, impuestos mínimos y una regulación razonable”.
Asegura que se desarrolla en más de 24 hectáreas cerradas y cuando esté terminada albergará hasta 10,000 residentes.
Cuando empezaron a construir “fuimos al lugar para saber qué pretendían hacer y conocer el alcance de proyecto, pero no recibimos mayor información que el decreto del Congreso Nacional y dijeron que ellos se estaban estableciendo bajo los parámetros de una Zona de Empleo y Desarrollo y que eran autónomos del municipio de Choloma y, por lo tanto, no se iban a apegar a los procesos que tiene la municipalidad”, relató Tulio Zúniga, director de Planificación y Urbanismo de la alcaldía de Choloma.
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Ante tal situación uno de los regidores interpuso una moción en sesión de corporación para que se analice la situación ya que le están arrebatando un pedazo de territorio al municipio y de paso están incidiendo en el crecimiento poblacional e industrial sin ningún tipo de acciones de mitigación.
“Imagínese, dice que son autónomos y seguramente van a querer sacar su agua potable del manto acuífero del municipio. En Choloma vivimos de ese lago subterráneo, además van a usar nuestras carreteras y no van a pagar impuesto. Ciudad Morazán incluso ya sometió a la aprobación del Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) su estatuto de policía y convivencia social, el cual establece en su artículo 64 que los habitantes de esta ZEDE se les cancelará su residencia y serán expulsados o desalojados cuando no cumplan las disposiciones internas.
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Esta actuación también contradice el artículo 60 de la Constitución el cual señala que “todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”.
El silencio del general
EL HERALDO trató de contacta al militar en retiro René Osorio Canales, nombrado por el gobierno como el delegado para impulsar los proyectos ZEDE. Se le llamó a su teléfono móvil, pero no respondió. Mediante un mensaje escrito a su Whatsapp se le plantearon las siguientes preguntas: ¿Cuántos sitios en el país se han seleccionado para tal proyecto? ¿Por qué no se toman en cuenta a las alcaldías donde se pretenden montar las ZEDE? ¿Quién vigilará el tipo de inversionista que se instalará en ellas? ¿Por qué tanta opacidad con la instalación de esos proyectos? Diversos sectores consideran que lo que el gobierno está impulsando son enclaves de lavados de activos provenientes de la corrupción y del narcotráfico ¿qué opina sobre esto? ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le dará en las ZEDE a un extraditable que se refugie en ellas?
La última consulta fue si como militar retirado considera o no que se está violando la soberanía nacional. Osorio leyó las preguntas, pero no contestó ninguna.
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