Varias ciudades españolas encabezadas por Barcelona y Madrid se rebelan contra unos polémicos centros de reclusión de extranjeros irregulares dependientes del gobierno español, pidiendo incluso a la justicia su cierre al entender que vulneran los derechos humanos.
Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) son unas dependencias donde se recluye hasta un máximo de 60 días a los inmigrantes irregulares antes de ser deportados.
En 2014, último año con datos disponibles, 7.340 personas fueron retenidas.
Desde hace años, son muy criticados por numerosas entidades humanitarias que denuncian retenciones arbitrarias y violaciones de derechos en su interior e incluso la muerte de algunos reclusos cuando estaban bajo custodia policial.
La cuestión generó un conflicto entre el ministerio de Interior y el ayuntamiento de izquierdas de Barcelona, dirigido por la activista antidesahucios Ada Colau, que no renovó la licencia de actividad de un centro en la ciudad española exigiendo su cierre.
El gobierno conservador en funciones hizo caso omiso y negó la entrada al centro de inspectores municipales por lo que el ayuntamiento decidió pedir judicialmente una inspección para proceder posteriormente a su precinto.
Agujeros negros
Son 'agujeros negros de los derechos humanos', aseguró este lunes Colau tras una reunión con el gobierno regional de Cataluña que se sumó a la iniciativa, así como otras ciudades españolas, dirigidas también por partidos y plataformas de izquierdas afines al partido antiausteridad Podemos.
Según un informe de una ONG jesuita en 2015, en el centro de Barcelona los inmigrantes duermen en celdas que semejan las de una prisión, sin sanitarios, y cuyas puertas son cerradas con llave por la noche.
En otros centros de España, la organización Pueblos Unidos denuncia falta de asistencia sanitaria adecuada, poco acceso al agua, mala calidad de la comida, ausencia de intimidad y de información sobre el derecho al asilo, entre muchas otras carencias.
'La privación de derechos que sufren los internos y el nivel de calidad de la estancia no distan mucho del que se aplica en los centros penitenciarios', concluye la organización.
'Resulta una vulneración de los derechos humanos que haya personas que estén privadas de libertad sin haber cometido ningún delito, simplemente por una cuestión administrativa', afirmó este lunes la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, añadiendo que sólo en un 17% de los casos el recluso acaba siendo deportado.
Carmena anunció en rueda de prensa la formación de un comité para fiscalizar el funcionamiento del CIE de Madrid y buscar métodos alternativos para resolver la situación de estos inmigrantes irregulares.
Joan Ribó, alcalde de Valencia (este), la tercera ciudad española, reclamó también este lunes el cierre del centro de su ciudad denunciando 'detenciones de carácter racial', lo mismo que el cabildo de la isla de Gran Canaria.
Desde la delegación del gobierno en Cataluña se emitió un comunicado defendiendo la legalidad de estos centros 'como medida cautelar excepcional para segurar la ejecución de órdenes de expulsión' y asegurando que su existencia obedece a directivas de la Unión Europea (UE).
Los CIE dependen del Ministerio del Interior y 'ninguna Administración Pública tiene margen de decisión alguno' sobre ellos, advirtió el gobierno.
