El aplazamiento por seis meses de la decisión final sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los casi 60,000 hondureños en Estados Unidos, aunada a la no renovación del programa para miles de nicaragüenses, sigue generando malestar entre congresistas y defensores de los migrantes.
El Caucus Hispano del Congreso tildó como 'irresponsable' la decisión tomada por la administración Trump con relación al TPS, tanto para los hondureños como para los 5,349 nicaragüenses a quienes se les canceló el programa, según publica Departamento 19.
'Estos inmigrantes han vivido en Estados Unidos durante casi 20 años y han criado niños estadounidenses, contribuido a nuestra economía y a enriquecer nuestras comunidades. La deportación de familias no es un liderazgo, es un abuso de poder imprudente e insensible', consideró el Caucus al señalar que el único que ahora podría brindar un alivio es el Congreso.
'Profundo dolor' y un 'fuerte desacuerdo' con la decisión de eliminar el TPS, dijo sentir el congresista por Florida Mario Díaz-Balart.
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Carlos Curbelo, también se sumó a las críticas, luego de presentar la semana anterior un proyecto de ley que busca dar estatus migratorio legal a los amparados por el TPS de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.
'Aunque estoy decepcionado con el anuncio, estas prolongaciones continuas a corto plazo han creado ansiedad e incertidumbre. El Congreso tiene la oportunidad de cambiar eso', aseguró Curbelo a Departamento 19.
'Pido a líderes de ambas cámaras que voten las múltiples soluciones legislativas que ya se presentaron sobre los beneficiarios del TPS y los jóvenes indocumentados amparados bajo el programa Acción Diferida (DACA)', enfatizó.
'No existe una razón legítima para la decisión del gobierno, consideró por su parte la National Hispanic Leadership Agenda, pese a que la administración Trump ha señalado que las razones por las que se otorgó el TPS hace 20 años ya no existen.
'Seguiremos luchando por una política de inmigración justa y humana', anadió Héctor Sánchez Barba, dirigente de la organización.
Para Latino Victory Project, la decisión del Departamento de Estado ataca a las familias inmigrantes y las obliga a elegir entre un 'futuro incierto en un país del que huyeron hace dos décadas'.
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