Texas, Estados Unidos.- Francisco Oropeza, el mexicano acusado de asesinar a cinco hondureños en el condado de San Jacinto, Texas, en Estados Unidos, en abril de 2023, se declaró culpable ante el Tribunal del Distrito.
Con esta decisión, Oropeza, de 40 años, evitó un juicio con posibilidad de pena de muerte y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La comunidad de Texas esperaba el inicio del juicio, en el que el acusado enfrentaba cargos por asesinato con posibilidad de pena capital. Sin embargo, Oropeza optó por aceptar un acuerdo con la Fiscalía, renunciando a su derecho a un juicio con jurado y a presentar apelaciones.
El juez Albert Mcckaig Jr., quien dictó la sentencia, aseguró que Oropeza pasará el resto de su vida en la División Institucional del Departamento de Justicia Penal de Texas.
“No volverá a respirar aire libre el resto de su vida, y el condado de San Jacinto nunca tendrá que preocuparse de que sea una amenaza para ninguno de sus ciudadanos”, declaró Todd Dillon, fiscal del distrito.
La condena a cadena perpetua sin libertad condicional se alcanzó tras varias reuniones entre la Fiscalía y las familias de las víctimas.
En estos encuentros, realizados en español, los familiares expresaron sus opiniones y recibieron respuestas sobre el proceso. Finalmente, se determinó que la sentencia garantizaba justicia sin el trauma de un juicio prolongado.
El abogado defensor de Oropeza, Anthony Osso, declaró que su objetivo principal era evitar la pena de muerte.
Según Osso, el alto escrutinio mediático y el reducido número de habitantes del condado de San Jacinto podrían haber afectado la imparcialidad del jurado.
Oropeza, quien inicialmente se había declarado no culpable, cambió su versión en la última audiencia, admitiendo su responsabilidad en la muerte de Daniel Enrique Lazo (9 años), Jonathan Cáceres (18), Diana Velásquez (21), Sonia Guzmán (28) y Obdulia Molina (31).
Masacre de hondureños
Las autoridades del condado señalaron que llevar a cabo un juicio con posibilidad de pena de muerte habría representado un gasto de aproximadamente 1,3 millones de dólares, una cifra muy superior al presupuesto anual del condado de San Jacinto.
Además, cualquier condena a pena de muerte habría implicado un largo proceso de apelaciones, generando aún más costos y prolongando el caso.
Con esta sentencia, Francisco Oropeza pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de ser liberado o deportado a México.