Honduras ocupa el cuarto lugar entre los soñadores beneficiados por el programa de Acción Diferida de Llegados en la Infancia (DACA), una iniciativa que iba a llegar a su fin el lunes, pero fallos judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, con lo que disminuye la sensación de urgencia por hallar una solución definitiva.
Actualmente el programa DACA protege de la deportación a 690 mil jóvenes, entre ellos 18,526 hondureños.
Trump anunció en septiembre que pondría fin a DACA, pero le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para encontrar una solución legislativa. Las personas cuyos permisos expiraban el 5 de marzo tenían un mes para solicitar una renovación.
Un interdicto a nivel nacional emitido en enero por el juez federal de distrito William Alsup, en San Francisco, obliga al gobierno a retomar las renovaciones, pero no es aplicable para quienes intentan inscribirse por primera ocasión.
El expresidente Barack Obama lanzó el DACA en junio de 2012 a través de un decreto, otorgándoles permisos renovables de residencia y trabajo a al menos 800,000 jóvenes inmigrantes, entre ellos más de 18,000 hondureños, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia.
Para poder inscribirse, era necesario que los beneficiarios hubieran llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, tener menos de 31 años antes de junio de 2012, haber completado la escuela secundaria o haber servido en el ejército y no contar con antecedentes penales.
Casi 690 mil personas se inscribieron antes de finalizar enero de 2018, y ocho de cada 10 provenían de México.
Honduras ocupa el cuarto lugar, solo después de México, El Salvador que tiene unos 28 mil (4%) y Guatemala que tiene 19,792.
Después de Honduras está Perú, país que tiene unos 9,000 dreamers. Mientras que Brasil, 7,361, Corea del Sur tiene 7,250, Ecuador 6,696 y Colombia 6,591, entre otras naciones.
Estos jóvenes, mejor conocidos como dreamers, podrían tener su estancia en Estados Unidos contada, pues si no existe una resolución final sobre el programa u otra acción alterna, estarían siendo deportados.
A la fecha unos 110 mil soñadores han quedado fuera del programa, en especial después de que Trump canceló DACA.
A continuación presentamos la situación actual del DACA en el día en que iba a expirar:
¿CUÁL ES LA POSTURA DE LAS CORTES RESPECTO AL DACA?
William Alsup falló el 9 de enero que el gobierno no pudo justificar la cancelación del programa y que los demandantes -los estados de California, Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California- tenían una buena oportunidad de ganar el juicio. Su interdicto nacional requería que el gobierno comenzara a aceptar las solicitudes de renovación en un plazo de una semana.
Posteriormente, el juez federal Nicholas G. Garaufis en Nueva York emitió un fallo similar.
El 26 de febrero, la Corte Suprema rechazó una inusual solicitud del gobierno para intervenir, lo que habría evitado la participación de la corte de apelaciones.
La Corte de Apelaciones del noveno Circuito aceleró su revisión a la decisión de Alsup, pero los expertos legales no prevén que se emita una decisión antes de junio. Una vez que eso ocurra, se prevé que el caso pase a la Corte Suprema, lo que posiblemente mantenga al DACA en funciones hasta las elecciones legislativas de noviembre.
¿YA NO ES IMPORTANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL LUNES 5 DE MARZO?
Con sus interdictos, las cortes hicieron que se perdiera gran parte del sentido de urgencia, pero los beneficiarios del DACA cuyas solicitudes están pendientes corren el riesgo de ser deportados hasta que se les concedan sus peticiones.
El ex secretario de Seguridad Nacional John Kelly, actualmente jefe de despacho de Trump, canceló el año pasado la política del gobierno de Obama de limitar las deportaciones a las personas que representen una amenaza para la seguridad pública, a los criminales convictos y a quienes cruzaron recientemente la frontera, por lo que todo aquel que está ilegalmente en el país quedó vulnerable.
Los arrestos con fines de deportación se han incrementado en más de un 40% durante el gobierno de Trump.
Hay más de 14 mil personas con permisos vencidos que solicitaron su renovación, pero que no la habían recibido al finalizar enero. También hay casi 22 mil individuos sobre los que no se ha emitido una decisión en torno a su solicitud inicial.
Los defensores del DACA utilizan el plazo del lunes para intensificar la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para que haya una protección permanente.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo el domingo anterior que lanzó “varios espacios publicitarios con costos de al menos 100,000 dólares” junto a organizaciones activistas como United We Dream y MoveOn.org, enfocándose en Trump.
¿CUÁL ES LA POSTURA DEL CONGRESO EN TORNO AL DACA?
En enero, el presidente propuso otorgar un mecanismo hacia la naturalización a 1.8 millones de inmigrantes como parte de un paquete de reformas migratorias que incluía 25,000 millones de dólares para la construcción de un muro y otras medidas de seguridad fronteriza, además de fuertes recortes a la migración legal. El Senado rechazó el plan.
Activistas migratorios y sus aliados en el Congreso quieren una propuesta más limitada que proteja a los beneficiarios del DACA, posiblemente en combinación con medidas limitadas en la vigilancia fronteriza, pero el gobierno se resiste.
Trump ha culpado en repetidas ocasiones a los demócratas por el estancamiento, mientras que éstos aseguran que el presidente creó el problema al cancelar el DACA.
El Congreso debe aprobar una propuesta de gastos antes del 23 de marzo a fin de mantener al gobierno funcionando, lo que les da a los demócratas la oportunidad de condicionar el respaldo a un plan que incluya una solución al DACA. Los demócratas forzaron un cierre parcial de funciones del gobierno en enero pasado con ese mismo objetivo, pero cedieron tan solo tres días después.
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