El condado Miami-Dade viola la Constitución al detener a personas sin ampararse en una orden judicial con tal de apegarse a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, denunció el miércoles un grupo defensor de los derechos civiles en una demanda federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros abogados entablaron la demanda en nombre de un ciudadano estadounidense nacido en Honduras, quien estuvo encarcelado sin que se le levantaran cargos debido a que un agente migratorio había solicitado un proceso de deportación.
El condado Miami-Dade, donde más de la mitad de la población es nacida en el extranjero, se convirtió en la única jurisdicción de gran tamaño en ceder a la orden migratoria de Trump que castiga a las así llamadas ciudades santuario, las cuales protegen a sus habitantes de las autoridades federales de inmigración. Ciudades en California, Massachusetts y Washington han desafiado en los tribunales el decreto de Trump, y un juez federal lo bloqueó en abril, cuando menos en forma temporal.
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Garland Creedle fue arrestado el 12 de marzo en un caso de supuesta violencia doméstica y su liberación bajo fianza estaba programada para el día siguiente. El joven de 18 años fue retenido una noche adicional debido a una solicitud de detención de las autoridades federales antes de ser excarcelado el 14 de marzo, al parecer después de que las autoridades migratorias confirmaron que era estadounidense.
124Personas fueron entregadas a ICE en lo que va del 2017, según fuentes oficiales |
“El hecho de que es un ciudadano estadounidense y es detenido bajo el amparo de estas órdenes de detención es importante porque muestra que la determinación de la causa probable en la forma de las órdenes de detención no está a la altura de los estándares constitucionales”, dijo Rebecca Sharpless, abogada de Creedle y directora de la clínica de derecho de inmigración de la Universidad de Miami. “Si eres ciudadano estadounidense y se emite una orden de retención para determinar que hay causa probable para deportarte... eso es erróneo”.
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La demanda dice que el condado viola la Cuarta Enmienda constitucional, la cual protege a la gente de arrestos injustificados, y señala también que la ley de Florida les prohíbe a las autoridades carcelarias detener a la gente bajo propósitos civiles de inmigración.
Entre el 27 de enero y el 15 de junio el condado recibió 338 solicitudes de órdenes de detención, y 124 personas fueron entregadas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Más de 100 seguían bajo custodia, y el resto fueron liberadas porque el ICE había retirado su solicitud o no había acudido a recogerlas en la cárcel.
Una resolución del condado alcanzada en 2013 había establecido que los agentes policiales de Miami-Dade cumplirían con las solicitudes de funcionarios federales de inmigración sólo en casos de cargos graves o declaraciones de culpabilidad, y cuando el gobierno federal accediera a reembolsarle al condado por detener a alguien que haya violado las leyes.
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Pero el 26 de enero, un día después de que Trump anunciara que retiraría el financiamiento federal a los sitios que se declaren santuario, el alcalde Carlos Gimenez envió un memorándum en el que instruye al director de las correccionales a que atienda todas las solicitudes de detención migratoria.
La demanda menciona como acusados a Gimenez y al condado, y solicita una indemnización por una cantidad no revelada, así como que se revierta la política del condado de retener gente para las autoridades de inmigración. Una portavoz del condado dijo que el alcalde no haría comentarios sobre la demanda.
