Pero Edwin Sabillón Orellana indicó que él y su familia continuarán con su plan de solicitar asilo en Estados Unidos.
Sabillón dijo que algunos migrantes podrían decidir que no vale la pena esperar en México a que se resuelva el largo proceso de solicitud de asilo, pero él no puede llevar a su familia de regreso a su hogar cerca de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, y que está azotada por la delincuencia.
“En mis sueños nunca estaba en la mente venir algún día a Estados Unidos”, dijo el ex empleado de una fábrica, de 30 años de edad, mientras esperaba cerca de una enorme cazuela de salsa ranchera a medio cocer a que llegara el gas para la cocina del albergue. “Yo tenía mi trabajo, mi mujer tenía su trabajo, mi niña estaba en una escuela bilingüe. Mi niña puede hablar inglés. Yo no tenía por qué venirme para acá.”
Todo eso cambió en abril, cuando una de las pandillas que asedian a Honduras y a otras naciones centroamericanas le impuso un plazo de cinco días para pagar una cuota mensual de alrededor de 120 dólares, narró Sabillón.
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Dijo que los delincuentes creían que él podía realizar los pagos porque su hija asistía a una buena escuela, pero ella estaba becada. La familia tenía apenas los ingresos suficientes para poner comida sobre la mesa y cubrir los pagos de servicios, dijo.
Dos días antes de que se cumpliera el plazo, Sabillón, su esposa y su hija de 8 años salieron de Honduras en medio de la noche. Les tomó cerca de dos semanas llegar a Tijuana, limítrofe con San Diego.
Rápidamente ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cerca de la playa de Tijuana y solicitaron asilo. Después de pasar cinco días detenidos, fueron enviados de regreso a esa ciudad mexicana con una cita para volver a finales de este mes.
El mecanismo que le permite a Estados Unidos enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México a la espera de la resolución de sus casos se ha implementado en Tijuana desde enero.
Una parte del acuerdo del viernes entre México y Estados Unidos para evitar la amenaza de aranceles a todas las importaciones de productos mexicanos fue que ese programa se expandiría por toda la frontera.
Hasta la semana pasada, alrededor de 10,000 solicitantes de asilo habían sido devueltos a México, según las autoridades mexicanas.
A la fecha el programa había operado únicamente en California y El Paso, Texas. La medida actualmente es impugnada en las cortes estadounidenses.
México les ha ofrecido oportunidades a los migrantes centroamericanos como Sabillón a fin de legalizar su estatus y que se les permita trabajar durante su espera o en caso de que decidan permanecer en el país. Pero a él no le interesa la oferta.
La mayoría de los mexicanos son buenas personas, comentó, pero algunos insultan a los migrantes en las calles. El sábado llevó a su familia a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en el centro de Tijuana.
No pudo oír las palabras del mandatario sobre el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, ya que la multitud a su alrededor se alborotó después de que una mujer gritó: “primero los mexicanos y los de la caravana a la...”, pero se negó a repetir el insulto.
“Es lamentable, nos duele mucho”, añadió.
Al menos Sabillón está en la posición afortunada de que sólo faltan dos semanas para su fecha de audiencia en la corte estadounidense.
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Cerca de ahí, en uno de los principales cruces de la ciudad hacia Estados Unidos, decenas de migrantes — en su mayoría haitianos — esperaban en una fila a recibir un turno que determinará cuándo pueden cruzar a solicitar asilo.
El domingo, agentes fronterizos estadounidenses sólo anunciaron dos números, y aquellos que recibieron su turno la semana pasada están a unos 700 números de ser llamados, lo que podría tomar varios meses.
De regreso en el albergue Juventud 2000, Luis Torres y algunos de sus familiares mataban el tiempo viendo a las decenas de niños jugando entre las tiendas de campaña, colocadas unas junto a otras.
El refugio, uno de tantos en Tijuana, alberga a unas 150 personas, todas familias. Los niños saltaban la cuerda y se perseguían unos a otros.
Torres, de 40 años, dijo que él y su hijo de 12 años ingresaron el mes pasado a Texas desde Reynosa, México. Luego las autoridades estadounidenses los trasladaron vía aérea a San Diego, donde estuvieron dos semanas detenidos, relató.
Se sentía confundido con el estado de su caso, porque no estaba seguro de haber solicitado asilo tras firmar los documentos que los agentes le presentaron sin ofrecerle una explicación. En cualquier caso, se le dio una fecha para volver a Estados Unidos en septiembre.
Torres, carpintero de oficio, dejó su país debido a que su vecindario en la capital hondureña, Tegucigalpa, es peligroso y es difícil encontrar trabajo.
Envió a sus otros cuatro hijos a vivir con su abuela a las afueras de la ciudad. Torres señaló que él y su hijo no tuvieron problemas durante los 26 días que estuvieron en México antes de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Torres había escuchado sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México, que incluye el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional mexicana para frenar la inmigración ilegal en la frontera sur. Señaló que sería mejor si cada país se apegara a sus propias políticas en lugar de que Estados Unidos presione a México para tomar medidas adicionales.
“Nosotros no venimos para que hagan política con nosotros los centroamericanos”, dijo.
