TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los exmiembros del Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial aún no recuperan su libertad tras el fallo emitido por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el jueves anterior.
“Debemos de entender que de manera interna se debe seguir un trámite que comienza con la redacción del escrito sobre la decisión que tomó el pleno, es encargado a un magistrado redactor y debe ser firmado por todos los magistrados, notificarse a las partes y después enviar la certificación a la Sala Constitucional y esta ejecute la decisión”, informó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
Dijo que se espera que todo este trámite se haga en el menor tiempo posible y sin dilaciones a fin de que la medida sea cambiada.
Además, la determinación del pleno deberá ser comunicada al Juzgado de Letras en Materia de Corrupción, que es el órgano jurisdiccional de donde se origina el expediente de los exconcejales.
Hasta el viernes, todo ese proceso no había sido ejecutado por lo que se estima que los exrepresentantes del Consejo pasarán este fin de semana en prisión. La abogada Carmen Caballero, defensora de los exconcejales, criticó que la excarcelación no se llevó a cabo de manera inmediata como lo mandó el pleno.
“No podemos quitar esa inmediatez de la ejecución de un protocolo, porque al final lo que se busca es la celeridad del proceso, es por eso que solicito a las autoridades de la Corte que con la mayor prontitud se hagan los trámites necesarios para que sean puestos en libertad”, exhortó la abogada Carmen Caballero.
Proceso
Pese a la determinación de los magistrados de la CSJ, las audiencias judiciales programadas por el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción no se detendrán.
La audiencia preliminar en este proceso está contemplada a desarrollarse el lunes 17 de septiembre.
Los exconcejales Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Celino Aguilera, Liliam Maldonado, Julio Barahona y Francisco Quiroz son acusados por el Ministerio Público por los delitos de malversación indebida y abuso de autoridad por el presunto desvío de más de 13 millones de lempiras por concepto de viáticos.
