JOH insiste en presentar pruebas clasificadas en el juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La Fiscalía Federal de Nueva York mantiene su firme posición de que las pruebas clasificadas referente a operaciones y reuniones de Estados Unidos en las que participó el expresidente Juan Orlando Hernández deben mantenerse clasificadas, es decir en un alto nivel de secretividad.

Aunque los fiscales reconocen que cierta parte del legajo de pruebas clasificadas pueden ser útiles, aseguran que en su gran mayoría son irrelevantes para ser admitidas en el juicio.

La defensa de Hernández, a través de una carta, exhortó ayer al juez Kevin Castel para que presionara a la Fiscalía para tener acceso a las pruebas clasificadas -recabadas por la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés)- y que sean presentadas durante el debate.

El juez Castel manifestó en una breve resolución: “El gobierno (la Fiscalía) responderá inmediatamente. Así se ordena”.

La defensa de Hernández alega que acceder a las pruebas y admitirlas para el juicio son relevantes para demostrar su inocencia.

La abogada Sabrina Shroff insiste que “el señor Hernández, quien no es ciudadano de Estados Unidos, obtuvo su información de fuentes que nunca le habían mantenido en secreto la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso de Honduras, y luego como presidente de Honduras”.

Indica que “la información contenida en el documento fue compartida libremente con y por Juan Orlando Hernández durante años, antes de ser detenido y luego con quien quisiera compartirlo en el Centro de Detención Metropolitano” de Brooklyn.

“El gobierno (la Fiscalía), después de recibir este documento y después de la revisión de la clasificación, se negó a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer o acceder al documento”, cita la carta.

Insta a que “el tribunal debe ser consciente de lo siguiente; la información ahora marcada en un nivel superior de clasificación es información que ninguno de los accionistas o el gobierno intentó proteger y que no fue mantenida estrechamente -nunca-, ni siquiera después de que fue arrestado y detenido en el MDC (centro de detención) en abril de 2022”.

Evidencia, además, que la información, marcada con un nivel alto de clasificación, ha sido compartida, fuera de un SCIF (Instalación de Información Sensible Compartimentada), con otros, desde que Hernández fue detenido en abril de 2022, y es hasta ahora que el gobierno la ha clasificado en un “nivel alto”.

Acusa que la posición de los fiscales sobre el documento “infringe indebidamente el derecho del acusado a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada en su nombre, sin justificación legítima. El abogado defensor debería poder utilizar el documento sin las restricciones que el gobierno pretende imponer a ese uso”.

Para los fiscales revelar las pruebas clasificadas en el proceso que se le sigue a Hernández pondría en riesgo investigaciones y operaciones que ha tenido y que mantiene en la actualidad Estados Unidos en Honduras.

Los agentes aseveran que la Corte “debe rechazar el argumento infundado de Juan Orlando de que las identidades de los funcionarios y entidades específicas del gobierno de Estados Unidos con quienes se reunió son relevantes en este caso, y se le debería impedir testificar sobre sus identidades”.

El acusado a través de sus defensores legales -asegura la Fiscalía- sostuvo que se le debería permitir declarar sobre “ciertas actividades encubiertas de Estados Unidos en las que afirmó haber participado” porque ese testimonio demostraría una “creencia de su parte de que no sería sentenciado y encarcelado por autoridades federales y esta creencia negaba su supuesto motivo para manipulación de testigos”, y el testimonio mostraría “la existencia de ciertos rasgos de carácter y relaciones personales que habrían tendido a refutar los cargos en su contra.

Revela además que existe otra información que se encuentra en un nivel superior de clasificación y debe manejarse de manera diferente.

Aunque los fiscales reconocen que se “ha producido, en un descubrimiento no clasificado, materiales que reflejan algunas de las reuniones de Juan Orlando con funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos que no están clasificados y podrían, dependiendo del motivo de la reunión, ser relevantes para este caso”.

Se trata de “131 cables del Departamento de Estado no clasificados presentados a la defensa y hay numerosos cables que identifican a funcionarios específicos del gobierno de Estados Unidos que se reunieron con Juan Orlando Hernández para discutir los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la corrupción en Honduras”.

Entre estos, figura la reunión que Hernández sostuvo en febrero de 2018 con la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, sobre “éxitos antinarcóticos” y “esfuerzos anticorrupción”.

Asimismo, un encuentro en noviembre de 2014 con la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske y el Comité de Interdicción de Estados Unidos para discutir “los esfuerzos de Estados Unidos y Honduras para contrarrestar el tráfico de narcóticos”.

Además, una reunión en octubre de 2020 con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, para discutir la cooperación antinarcóticos y la Ley de Soberanía Aérea.

Pero eso no cambia el hecho de que, según los fiscales, igual que con los materiales clasificados y la información discutida en esta presentación, Juan Orlando aún necesitaría identificar una excepción o exclusión de rumores adecuada para ofrecer cualquier conversación durante esas reuniones, y el testimonio ofrecido aún necesitaría pasar una prueba de equilibrio.

El contenido de esas reuniones y cualquier operación o iniciativa específica discutida no son relevantes y por lo tanto son inadmisibles sobre esa base independiente, además de ser rumores inadmisibles e indebidamente perjudiciales o que puedan confundir las cuestiones.

“Juan Orlando aún enfrentaría un listón muy alto para demostrar que cualquier valor probatorio supera el riesgo significativo de perjuicio injusto al gobierno o de confusión al jurado”, ratifica la Fiscalía.

El expresidente, sostienen los fiscales, “supuestamente apoyó reformas legales en Honduras que, según él, estaban destinadas a contrarrestar el narcotráfico y la corrupción, pero “no tiene nada que ver con las acusaciones de que era una figura central en el tráfico de narcóticos y conspiraciones con armas de fuego”.

Mientras el expresidente Hernández -evidencia la Fiscalía- impulsaba reformas para luchar contra el narcotráfico a espaldas del pueblo, supuestamente recibía sobornos de capos aliados para evitar que fueran perseguidos por las fuerzas de seguridad públicas, capturados y extraditados a Estados Unidos.

“El hecho de que Juan Orlando supuestamente respaldó las reformas destinadas a luchar contra el tráfico de drogas y erradicar la corrupción son inadmisibles e irrelevantes para las acusaciones de que, entre otras cosas, aceptó sobornos alimentados con drogas por parte de Alexander Ardón y Leonel Rivera”, asevera el documento.

Indica que el exmandatario, también, conspiró con su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández y con Geovanny Fuentes Ramírez para traficar cantidades masivas de cocaína; y que, con la asistencia de miembros de la Policía Nacional de Honduras, y militares, protegieron a sus coconspiradores del procesamiento.

“Su utilización como arma de estas reformas es inculpatoria: los usó para castigar a quienes no lo apoyaban, mientras protegía a quienes sí lo apoyaban. Esto no es contrariamente a la teoría del Gobierno sobre el caso”, establecen los fiscales.

En ese sentido, los fiscales instan a que el juez Castel rechace “los intentos de Juan Orlando Hernández de admitir evidencia de propensión inadmisible sobre su supuesto apoyo a varias reformas legales que, según él, estaban destinadas a combatir el tráfico de drogas y la corrupción”.

Es por ello que solicitó que la información clasificada y las pruebas adjuntas sean selladas y conservadas en los registros del Tribunal y por el Oficial de Seguridad de la Información Clasificada.

Para este día se tiene previsto que se desarrolle una audiencia clasificada a partir de las 9:00 de la mañana hora de Honduras.

En la audiencia participarán los fiscales Kyle Wirsh, Jacob Gutwillig, Elinor Tarlow y David Robles y la parte de la defensa de Hernández, conformada por Sabrina Shroff, Renato Stabile y Raymond Colon.

Asimismo, los oficiales de seguridad de la información de la Corte, Daniel Hartenstine y Matthew Mullery.

En la audiencia se pretende revelar un legajo de información clasificada en el caso de Hernández.

Este miércoles, el juez Castel también desarrollará una audiencia de estado en la que determinará cuáles de las pruebas clasificadas son admitidas para el juicio previsto para el martes 20 de febrero.