Los fiscales generales de varios estados demócratas están tratando de usar el sistema legal para frustrar al presidente Donald Trump, incrementando las apelaciones a la versión corregida de las restricciones migratorias decretadas por el ejecutivo.
Es una estrategia similar a la que usaron los fiscales estatales republicanos durante el gobierno de Barack Obama.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo el jueves que solicitó a un juez federal encontrar si la orden que emitió el mes pasado para frenar la restricción migratoria aplica también al nuevo decreto.
La decisión de Ferguson se conoció un día después de que Hawai presentó su propia demanda. El lunes, Washington, Minnesota, Oregon, Nueva York y Massachusetts planean presentar la suya. 'Mi mensaje para el presidente Trump es: No tan rápido', dijo Ferguson.
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Ferguson y sus colegas demócratas están haciendo ahora lo que los republicanos hicieron cuando Obama estaba en el cargo: presentar demandas para bloquear políticas. Los fiscales generales republicanos llevaron al expresidente a tribunales por varios temas, principalmente por la ley de salud que promovió el mandatario demócrata.
Los fiscales generales son los abogados de los gobiernos estatales y pueden demandar con más amplitud en nombre de sus estados. La mayoría son electos y pueden actuar independientemente de sus legislaturas o gobernadores, aunque en el caso de Ferguson, por ejemplo, tiene el apoyo del gobernador de Washington, Jay Inslee, quien también es demócrata.
Las restricciones migratorias actualizadas de Trump suspenden la emisión de nuevas visas para ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Somalia, Irán, Siria, Sudán, Libia y Yemen. También frena temporalmente el programa de refugiados de Estados Unidos.
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A diferencia del decreto original, el nuevo señala que quienes actualmente cuentan con visa no se verán afectados y elimina toda expresión que otorgaría prioridad a las minorías religiosas.
Al presentar la demanda el miércoles, el fiscal general de Hawai, Douglas Chin, declaró que el estado no se quedaría de brazos cruzados ante las restricciones migratorias de Trump dada la extraordinaria cultura e historia de Hawai, que depende enormemente del turismo y su economía podría verse afectada.
En la demanda que Washington presentó contra el primer decreto en febrero, Ferguson dijo que era inconstitucional y afectaba a las empresas y universidades del estado. El fiscal general dijo que serán las cortes y no el gobierno quienes decidan si la nueva orden es diferente.
El portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer dijo el jueves que el gobierno considera que las nuevas medidas soportarán el escrutinio judicial.
Otros estados que se han sumado a la demanda inicial de Washington incluyen a California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.
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