La Fiscalía General de Venezuela pidió el jueves a un tribunal suspender la instalación de la Asamblea Constituyente a pocas horas de que ese organismo inicie sus actividades.
Esta acción eleva aún más la tensión política entre los poderes que se da en medio de una crisis económica que amenaza con agravarse ante el salto de la tasa de cambio del mercado negro.
Esta tasa, que es utilizada como marcadora para los precios de muchos productos, alcanzó el jueves 16.789 bolívares por dólar, según la página de internet Dólar Today. Esta paridad supera en más de seis veces la tasa oficial de 2.810 bolívares por dólar. Los analistas temen que el salto de la tasa del mercado negro pueda presionar aún más sobre la desbordada inflación de tres dígitos.
Los dos fiscales que solicitaron ante una corte de Caracas la “suspensión” de la puesta en marcha de la Constituyente —prevista para el viernes— destacaron la 'presunta comisión de delitos durante el proceso electoral' de sus delegados, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Como parte de la acción los fiscales también pidieron la “anulación provisional e inmediata” del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los 545 constituyentes y el resguardo del material electoral utilizado en los comicios del 30 de julio.
La petición se produjo horas después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunciara que había abierto una averiguación a cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de la empresa de tecnología informática Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados de los comicios.
En la solicitud presentada este jueves, el Ministerio Público hace referencia a anteriores medidas cautelares innominadas presentadas en el pasado por particulares, las cuales suspendieron la proclamación de los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas (2015) y la solicitud de referendo revocatorio contra el Presidente de la República (2016), por supuestas irregularidades.
Ortega Díaz dijo en una entrevista con la cadena CNN en Español que es probable que en las elecciones del 30 de julio “ni siquiera haya participado el 15% de los electores”.
“Pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad”, afirmó la alta funcionaria que por años estuvo vinculada al oficialismo y que ahora está enfrentada al gobierno.
El miércoles el director general de Smartmatic informó desde Londres que había una discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación en los comicios.
Al rechazar esa afirmación el presidente Nicolás Maduro aseguró que el directivo de la firma trató de 'manchar el proceso' debido a las 'presiones' que recibió sobre el cierre de las cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, vinculada al oficialismo, también objetó la declaración de la compañía que provee servicios a ese organismo desde 2004 y dijo que Smartmatic participó en todas las auditorías del proceso.
Lucena, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, agregó que el Consejo Nacional Electoral se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales ante 'tan irresponsables declaraciones'.
El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que ocho millones de personas participaron en la elección. La oposición sostiene que solo votaron unas 3,5 millones.
El gobierno avanza en la reforma de la carta magna en medio de una crisis económica y la tensión política desatada por las protestas que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
La instalación de la Asamblea Constituyente, que se dará en un área que está escasos metros del salón de sesiones de los diputados, ha generado gran expectativa. Maduro adelantó que el nuevo cuerpo tendrá entre sus primeras tareas 'tomar el mando' de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados.
A menos de 48 horas de la elección las autoridades judiciales revocaron el arresto domiciliario que tenían el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y los regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde donde habían estado detenidos previamente.
La diputada opositora Adriana D'Elia fue inhabilitada el jueves por la Contraloría General para participar por 15 años en cualquier elección tras una investigación por supuestas irregularidades en la gobernación del estado de Miranda donde ocupó el cargo de secretaria de gobierno entre 2008 y 2015.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor de la ciudad de Mérida, Carlos García, por no cumplir una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías donde había barricadas. García es el tercer alcalde opositor en menos de un mes en ser destituido y condenado por el máximo tribunal, señalado de estar controlado por el oficialismo.
En tanto, Aerolíneas Argentinas anunció en su página de internet que suspendió su vuelo semanal a Venezuela por la seguridad de su tripulación.
'La situación puntual en estos días es compleja y nuestra principal preocupación es la seguridad', dijo la compañía que se sumó así a varias líneas aéreas que han cancelado temporal y totalmente sus vuelos a la capital venezolana.
