Un total de 158 miembros de la Iglesia católica de Chile han sido investigados por cometer o encubrir abusos sexuales cometidos contra menores y adultos, informó este lunes la Fiscalía Nacional.
Las investigaciones abarcan las denuncias de abusos cometidos por obispos, clérigos y trabajadores laicos presentadas desde el año 2000. Algunos de los casos se remontan incluso a 1960.
En total, el número de víctimas es de 266, incluidos 178 menores y adolescentes, así como 31 adultos. En 57 casos no se establecieron las edades de los afectados.
Las cifras provenientes de todo el país fueron anunciadas tras una avalancha de casos de abuso sexual y encubrimiento que han agobiado recientemente a la Iglesia católica de Chile. El papa Francisco condenó públicamente este año lo que describió como la “cultura de abuso y encubrimiento” en ella.
El pontífice se dijo además avergonzado de que ni él ni las autoridades eclesiásticas de Chile prestaron atención a las víctimas cuando el escándalo se agravaba en el país.
“La tentación sería quedarnos en la cifra de los imputados dentro de la Iglesia, pero la Iglesia pide hoy poner la primera mirada en la cifra de víctimas; es esa la que nos estremece y nos preocupa”, dijo Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile.
En el pasado, los fiscales del país han tenido que retirar los cargos contra clérigos acusados de abuso sexual porque los delitos ya habían prescrito.
Pero la Fiscalía Nacional dijo que quiere que se “investiguen con rigurosidad todos los casos relacionados con delitos sexuales cometidos por sacerdotes o personas relacionadas con la Iglesia” en contra de niños y adultos, “más allá de si los delitos están prescritos o no, porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la justicia y es deber de la Fiscalía de Chile favorecer las condiciones para que ello ocurra”.
En el informe se afirma que, de las 158 personas investigadas en 144 pesquisas distintas, 65 son obispos, sacerdotes o diáconos que pertenecen a una congregación; 10 son laicos a cargo de parroquias pastorales o vinculados con escuelas; y nueve no se especificó en dónde laboran.
Las autoridades dicen que 36 de los 144 casos están siendo investigados, y 22 han sido enviados a otra oficina judicial porque los presuntos delitos fueron cometidos antes de una reforma jurídica implementada en el 2000. En otros 22 casos ya se llegó a un veredicto de culpabilidad, mientras que 64 han sido cerrados o suspendidos temporalmente por diversas razones.
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