La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público presentó la solicitud ante el juzgado que investiga a Funes, su pareja y sus dos hijos, quienes se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Funes es requerido por la justicia para responder por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Los otros solicitados en extradición son su actual pareja Ada Mitchelle Sigüenza Guzmán y sus hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes.
Según la ley de proceso de extradición, el juez deberá de valorar la petición y emitir una resolución. De ser favorable, dirigiría una solicitud formal a la autoridad competente de Nicaragua y la enviaría a la Corte Suprema de Justicia.
Si la solicitud se encontrara conforme a derecho, la Corte la remitiría al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que a su vez la enviaría al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser enviado a la embajada salvadoreña ante Nicaragua. No hay tiempo estipulado para el trámite.
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Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 inmuebles en el país que asegura son propiedad de Funes pero que están a nombre de testaferros y otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.
Funes habría retirado los fondos del estatal Banco Hipotecario.
De acuerdo con la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo y pagó también boletos de avión para sus familiares y de los de su pareja.
El jefe de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, Jorge Cortez, señaló que Guzmán Sigüenza también utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en California, Estados Unidos.
En noviembre 2017 un tribunal condenó a Funes en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409.145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes por el mismo delito.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.
Por su parte, Tony Saca, que gobernó entre 2004 y 2009, fue condenado recientemente a diez años de prisión y a devolver al Estado 260 millones de dólares. Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de casa presidencial, fueron procesados por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.
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