WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un
juez federal de Estados Unidos bloqueó un decreto que restringía las
peticiones de asilo, un revés para el
presidente Donald Trump, que dispuso la medida mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan desde hace semanas hacia la frontera sur del país.
El juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos quienes entraran por puestos de control oficiales, y no los que cruzaran de manera clandestina.
'Es una vergüenza', dijo el martes Trump, acusando de parcialidad al tribunal al cual pertenece Tigar y refiriéndose a este magistrado nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, como 'juez de Obama'.
'Ganaremos ese caso en la Corte Suprema de Estados Unidos', vaticinó Trump.
La orden de Tigar, emitida a última hora del lunes, tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre.
'Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa', dijo Tigar, señalando que la medida presenta un 'conflicto irreconciliable' con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA en inglés) de 1965.
Tigar actuó en respuesta a una demanda de varias organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que celebró la decisión.
'Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo', dijo en Twitter.
'Absurdo', dice el gobierno
La Administración Trump, que ha invocado razones de 'seguridad nacional' para controlar la inmigración, consideró sin embargo 'absurdo' que activistas busquen frenar al gobierno federal.
'Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito', señaló una declaración conjunta de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, subrayando que el asilo es un 'beneficio discrecional' que otorga el Poder Ejecutivo.
'Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur'.
En una visita a Imperial Beach, cerca de San Diego, California, en la frontera suroeste de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo de su lado que 'la crisis es real y está justo al otro lado de este muro'.
Nielsen también amenazó a los migrantes: 'Esta administración no tolerará ninguna solicitud de asilo absurda o entrada ilegal (...) Si usted ingresa a este país sin autorización infringe la ley de Estados Unidos, y será arrestado, procesado y expulsado'.
Según las leyes vigentes, cualquier extranjero que pise suelo estadounidense es elegible para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se encuentran razones creíbles para un pedido de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por el tribunal que decide sobre su caso.
La Administración Trump cuestiona esto, señalando que muchos desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial, sumándose a las filas de inmigrantes indocumentados.
Menos del 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, según el gobierno.
Pero organizaciones humanitarias y críticos de Trump afirman que al restringir el derecho a asilo, la administración cierra de hecho la puerta a quienes realmente huyen de sus países para salvar sus vidas.
'¿Le puede ganar a Trump?'
Miles de personas, en su mayoría de Honduras y El Salvador, marchan desde el 13 de octubre hacia Estados Unidos en al menos tres caravanas, buscando escapar de la violencia y la pobreza en sus países.
Unos 3.500 ya llegaron a Tijuana, una ciudad mexicana fronteriza con la estadounidense San Diego, donde son esperados otros 3.000.
'¿Y ese juez le puede ganar a Trump? Significa que ya nos podemos pasar p'allá sin que nos agarren y separen de nuestras familias?', se preguntaban los migrantes en el hacinado albergue que las autoridades de Tijuana improvisaron para ellos, tras enterarse de la decisión de Tigar.
Al lado del muro fronterizo, Edgar Pérez, un mexicano-estadounidense de 35 años y habitante de Corona, California, saludó la decisión del juez porque considera que los migrantes 'están huyendo de un lugar peligroso'.
En los últimos años, más migrantes han pedido asilo en Estados Unidos, muchas veces tras ingresar ilegalmente.
Según cifras oficiales, en 2018 las patrullas fronterizas registraron más de 400,000 ingresos ilegales. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700,000 casos para procesar.
Otras polémicas políticas migratorias de Trump, que llegó al poder con un duro discurso anti-inmigrantes, son objeto de batallas judiciales, entre ellas la eliminación del programa DACA, que ampara de la deportación a indocumentados llegados al país cuando eran niños, y el cuestionamiento de las ciudades santuario, que protegen a los inmigrantes sin papeles.
Sin embargo, tras idas y venidas en los tribunales, la Corte Suprema de Justicia avaló en junio una última versión del decreto de Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, en una clara victoria de la Casa Blanca.
El juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos quienes entraran por puestos de control oficiales, y no los que cruzaran de manera clandestina.
'Es una vergüenza', dijo el martes Trump, acusando de parcialidad al tribunal al cual pertenece Tigar y refiriéndose a este magistrado nombrado por el expresidente demócrata Barack Obama, como 'juez de Obama'.
'Ganaremos ese caso en la Corte Suprema de Estados Unidos', vaticinó Trump.
La orden de Tigar, emitida a última hora del lunes, tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre.
'Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa', dijo Tigar, señalando que la medida presenta un 'conflicto irreconciliable' con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA en inglés) de 1965.
Tigar actuó en respuesta a una demanda de varias organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que celebró la decisión.
'Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo', dijo en Twitter.
'Absurdo', dice el gobierno
La Administración Trump, que ha invocado razones de 'seguridad nacional' para controlar la inmigración, consideró sin embargo 'absurdo' que activistas busquen frenar al gobierno federal.
'Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito', señaló una declaración conjunta de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, subrayando que el asilo es un 'beneficio discrecional' que otorga el Poder Ejecutivo.
'Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur'.
En una visita a Imperial Beach, cerca de San Diego, California, en la frontera suroeste de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo de su lado que 'la crisis es real y está justo al otro lado de este muro'.
Nielsen también amenazó a los migrantes: 'Esta administración no tolerará ninguna solicitud de asilo absurda o entrada ilegal (...) Si usted ingresa a este país sin autorización infringe la ley de Estados Unidos, y será arrestado, procesado y expulsado'.
Según las leyes vigentes, cualquier extranjero que pise suelo estadounidense es elegible para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se encuentran razones creíbles para un pedido de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por el tribunal que decide sobre su caso.
La Administración Trump cuestiona esto, señalando que muchos desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial, sumándose a las filas de inmigrantes indocumentados.
Menos del 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, según el gobierno.
Pero organizaciones humanitarias y críticos de Trump afirman que al restringir el derecho a asilo, la administración cierra de hecho la puerta a quienes realmente huyen de sus países para salvar sus vidas.
'¿Le puede ganar a Trump?'
Miles de personas, en su mayoría de Honduras y El Salvador, marchan desde el 13 de octubre hacia Estados Unidos en al menos tres caravanas, buscando escapar de la violencia y la pobreza en sus países.
Unos 3.500 ya llegaron a Tijuana, una ciudad mexicana fronteriza con la estadounidense San Diego, donde son esperados otros 3.000.
'¿Y ese juez le puede ganar a Trump? Significa que ya nos podemos pasar p'allá sin que nos agarren y separen de nuestras familias?', se preguntaban los migrantes en el hacinado albergue que las autoridades de Tijuana improvisaron para ellos, tras enterarse de la decisión de Tigar.
Al lado del muro fronterizo, Edgar Pérez, un mexicano-estadounidense de 35 años y habitante de Corona, California, saludó la decisión del juez porque considera que los migrantes 'están huyendo de un lugar peligroso'.
En los últimos años, más migrantes han pedido asilo en Estados Unidos, muchas veces tras ingresar ilegalmente.
Según cifras oficiales, en 2018 las patrullas fronterizas registraron más de 400,000 ingresos ilegales. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700,000 casos para procesar.
Otras polémicas políticas migratorias de Trump, que llegó al poder con un duro discurso anti-inmigrantes, son objeto de batallas judiciales, entre ellas la eliminación del programa DACA, que ampara de la deportación a indocumentados llegados al país cuando eran niños, y el cuestionamiento de las ciudades santuario, que protegen a los inmigrantes sin papeles.
Sin embargo, tras idas y venidas en los tribunales, la Corte Suprema de Justicia avaló en junio una última versión del decreto de Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, en una clara victoria de la Casa Blanca.
