Empleados del penal del condado de Bernalillo, en Albuquerque, seguían permitiendo el acceso de las autoridades migratorias a su base de datos y, en algunos casos, avisándoles de cuándo una persona de su interés quedaba libre.
'Me sorprendió y horrorizó', dijo Maggie Hart Stebbins, presidenta de la comisión del condado de Bernalillo. 'Empleados a título individual no tienen la libertad de elegir qué quieren cumplir”.
La revelación el mes pasado destapó el proceso a menudo ignorado por el que los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) podrían estar evitando las políticas de “santuario” locales: a través de relaciones informales con policías y otros dispuestos a cooperar cuando se supone que no deben hacerlo.
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Activistas en favor de la inmigración dicen que han visto estas prácticas en lugares como Filadelfia, Chicago y en varias comunidades en California, que tiene una política de protección a migrantes vigente para todo el estado.
El miércoles, por ejemplo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reportó correos electrónicos que mostraron que un detective del condado de Orange, California, revisó regularmente información sobre matrículas de autos para un agente de inmigración.
“A menudo la gente subestima la relación informal entre el ICE y las autoridades locales”, señaló Sara Cullinane, directora de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Make the Road New Jersey. Una de las mejores vías para asegurar que las ordenanzas que protegen a los migrantes se cumplen es formar a los agentes sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer.
Más de 100 gobiernos locales en todo el país adoptaron una serie de normas que impiden que la policía y las prisiones bajo su jurisdicción cooperen con las autoridades migratorias, a menudo negándose a realizar detenciones por cargos locales, a petición de agentes del ICE, una vez expira su fecha de liberación.
El ICE dijo que este tipo de políticas han hecho que las calles sean menos seguras. Las restricciones también provocaron que, en los dos últimos años, el departamento haya buscado otras vías para efectuar los arrestos, como esperar en el exterior de los tribunales de inmigración, una práctica que normalmente se evitaba.
En 2017, la comisión de gobierno de Bernalillo, un condado con 68,000 habitantes, impidió la utilización de fondos públicos, recursos o personal para aplicar leyes migratorias. Los empleados del condado no están autorizados a investigar, interrogar o detener a gente en base a su estatus migratorio.
Pese a tener una resolución que prohíbe a |
El mes pasado, Bernalillo aprobó otra resolución que prohibía a los funcionarios locales compartir ningún tipo de información sobre estatus migratorio. Un día después, el 27 de febrero, la administración del penal notificó a las autoridades locales que se enteró, mientras discutía la última resolución con el personal del centro, que algunos de ellos habían seguido trabajado con el ICE de manera informal.
El personal dejó que los agentes de inmigración entrasen más allá de las zonas públicas del penal y empleasen las computadoras municipales, donde accedieron a información de los presos como nombre, lugar de nacimiento o dirección.
En una ocasión, el personal llamó a agentes migratorios para comunicarles la fecha en la que uno de los reos salía en libertad.
El condado impide ahora que el ICE pase más allá de las áreas públicas. Por el momento nadie ha sido castigado, explicó la vocera de la cárcel, Candace Hopkins.
Según el ICE, acceder a la base de datos del centro hace que la población esté más segura al garantizar que los delincuentes que tienen una orden de deportación pendiente no regresan de nuevo a las calles de Estados Unidos.
