CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-Guatemala, un país con casi 60% de pobreza, carece de condiciones para acoger a migrantes centroamericanos, africanos y caribeños que buscan llegar a
Estados Unidos, como le correspondería hacer según un criticado convenio con
Washington, advirtieron este lunes expertos.
Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos para cumplir los compromisos adquiridos, así como la falta de transparencia en torno a la suscripción del convenio, han provocado una avalancha de duras críticas en Guatemala al pacto migratorio con Estados Unidos.
'El Estado de Guatemala no tiene las condiciones para recibir a los migrantes, no puede ni atender a los propios guatemaltecos', afirma a la AFP Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, institución adscrita a la Iglesia católica.
Según Verzeletti, Guatemala carece de recursos económicos para brindar seguridad, trabajo, educación, salud y vivienda a miles de migrantes -principalmente de otros países centroamericanos pero también de África o el Caribe.
Por ejemplo, Verzeletti considera que el país no podrá atender a los niños migrantes que viajan sin compañía de adultos, toda vez que casi el 50% de los guatemaltecos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica.
Pero Estados Unidos, que ha presionado por lograr el acuerdo, es el principal socio comercial de Guatemala, donde el 59% de sus 17,7 millones de habitantes vive en pobreza.
Y el viernes se firmó en Washington el convenio que según la Casa Blanca convierte a Guatemala en 'tercer país seguro', por el cual las personas que aspiran a pedir asilo en Estados Unidos pero pasen antes por este país centroamericano deberán hacer ahí su solicitud.
Guatemala, sin embargo, insiste en negar esa tipificación y define lo firmado como un acuerdo de cooperación relativo 'al examen de solicitudes de protección'.
La oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció este lunes que presentó dos recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
Uno de los recursos busca que no entre en vigor el acuerdo y el otro pide la destitución del ministro del Interior, Enrique Degenhart, por no tener facultad para firmarlo en nombre del Estado.
El acuerdo fue suscrito por Degenhart y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan.
Inicialmente su firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Estados Unidos, Donald Trump, pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la CC indicara que la suscripción no era viable.
Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel.
Pero Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, coincide en que Guatemala carece de capacidad para brindar salud, educación y fuentes de trabajo a los migrantes.
También calificó de 'ilegal' el acuerdo, porque -asegura- el Ejecutivo hizo caso omiso a la resolución de la corte.
Cux también presentó un recurso ante la CC para revertir el convenio, al considerar que el Congreso tendría que ser el encargado de ratificarlo.
'El acuerdo conlleva a obligaciones que el Estado de Guatemala no puede cumplir por razones financieras y de infraestructura porque no hay capacidad pública ni económica', aseguró Cux a la AFP.
'En Guatemala hay analfabetismo, desnutrición crónica en niños y desempleo. La pregunta es de dónde van a sacar esas fuentes de empleo y dar vida digna a los migrantes', cuestionó.
Otras instancias, como Amnistía Internacional, la ONG Refugees International y la coalición Refugio para las Familias también cuestionaron el tratado, al señalar que vulnera derechos de los migrantes.
Refugio para las Familias anunció que iniciará una visita a Guatemala y México el 3 de agosto para 'evaluar la situación de los migrantes que huyen de su país de origen (...) en un momento en que la administración Trump continúa presionando a México y América Central para que sirvan como una extensión de la aplicación de la ley de inmigración' estadounidense.
En contrataparte, empresarios guatemaltecos apoyaron la suscripción del convenio por considerar que evita los impuestos a las exportaciones y remesas que había anunciado Trump.
Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos para cumplir los compromisos adquiridos, así como la falta de transparencia en torno a la suscripción del convenio, han provocado una avalancha de duras críticas en Guatemala al pacto migratorio con Estados Unidos.
'El Estado de Guatemala no tiene las condiciones para recibir a los migrantes, no puede ni atender a los propios guatemaltecos', afirma a la AFP Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, institución adscrita a la Iglesia católica.
Según Verzeletti, Guatemala carece de recursos económicos para brindar seguridad, trabajo, educación, salud y vivienda a miles de migrantes -principalmente de otros países centroamericanos pero también de África o el Caribe.
Por ejemplo, Verzeletti considera que el país no podrá atender a los niños migrantes que viajan sin compañía de adultos, toda vez que casi el 50% de los guatemaltecos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica.
Pero Estados Unidos, que ha presionado por lograr el acuerdo, es el principal socio comercial de Guatemala, donde el 59% de sus 17,7 millones de habitantes vive en pobreza.
Y el viernes se firmó en Washington el convenio que según la Casa Blanca convierte a Guatemala en 'tercer país seguro', por el cual las personas que aspiran a pedir asilo en Estados Unidos pero pasen antes por este país centroamericano deberán hacer ahí su solicitud.
Guatemala, sin embargo, insiste en negar esa tipificación y define lo firmado como un acuerdo de cooperación relativo 'al examen de solicitudes de protección'.
La oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, anunció este lunes que presentó dos recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
Uno de los recursos busca que no entre en vigor el acuerdo y el otro pide la destitución del ministro del Interior, Enrique Degenhart, por no tener facultad para firmarlo en nombre del Estado.
El acuerdo fue suscrito por Degenhart y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan.
- Cuestionamientos legales -
Inicialmente su firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Estados Unidos, Donald Trump, pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la CC indicara que la suscripción no era viable.
Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel.
Pero Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, coincide en que Guatemala carece de capacidad para brindar salud, educación y fuentes de trabajo a los migrantes.
También calificó de 'ilegal' el acuerdo, porque -asegura- el Ejecutivo hizo caso omiso a la resolución de la corte.
Cux también presentó un recurso ante la CC para revertir el convenio, al considerar que el Congreso tendría que ser el encargado de ratificarlo.
'El acuerdo conlleva a obligaciones que el Estado de Guatemala no puede cumplir por razones financieras y de infraestructura porque no hay capacidad pública ni económica', aseguró Cux a la AFP.
'En Guatemala hay analfabetismo, desnutrición crónica en niños y desempleo. La pregunta es de dónde van a sacar esas fuentes de empleo y dar vida digna a los migrantes', cuestionó.
Otras instancias, como Amnistía Internacional, la ONG Refugees International y la coalición Refugio para las Familias también cuestionaron el tratado, al señalar que vulnera derechos de los migrantes.
Refugio para las Familias anunció que iniciará una visita a Guatemala y México el 3 de agosto para 'evaluar la situación de los migrantes que huyen de su país de origen (...) en un momento en que la administración Trump continúa presionando a México y América Central para que sirvan como una extensión de la aplicación de la ley de inmigración' estadounidense.
En contrataparte, empresarios guatemaltecos apoyaron la suscripción del convenio por considerar que evita los impuestos a las exportaciones y remesas que había anunciado Trump.
