'Yo estoy casi segurísimo que con los votos de áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta' frente al candidato centrista Carlos Mesa, dijo el mandatario en una declaración desde la casa de Gobierno, cuando el cómputo oficial de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apunta a un balotaje.
El mandatario izquierdista acumula un 46,03 por ciento de los votos frente al 37,35 por ciento de Mesa, cuando faltan por escrutarse alrededor del 3 por ciento de los sufragios válidos nacionales, según datos actualizados del TSE a las 08:25 de la mañana. Para evitar la segunda vuelta, necesita un mínimo de 40 por ciento de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales respecto al segundo candidato.
Morales denunció además que 'está en proceso un golpe de estado', en aparente referencia a las protestas opositoras y la huelga indefinida anunciada a partir de este miércoles. 'Quiero que sepa el pueblo boliviano, que hasta ahora humildemente soportamos para evitar violencia y no hemos entrado en confrontación', sostuvo.
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Una ola de violencia estalló en diversas regiones tras los comicios del domingo y ha tenido como blanco las sedes de los tribunales electorales. La protesta de la noche del martes en La Paz congregó a miles de personas que gritaban '¡Fraude, fraude, fraude!'.
El mandatario boliviano, a diferencia de sus dos períodos anteriores, no pudo lograr en primera vuelta el 50 por ciento más uno de los votos que lo reelegiría automáticamente y le haría además mantener el control del Congreso, allanándole el camino para aprobar leyes sin oposición.
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Paro indefinido
Mientras, un colectivo de organizaciones civiles de los nueve departamentos de Bolivia llamó a un paro indefinido.
La protesta comenzó a tomar cuerpo en Santa Cruz (900 kilómetros al este de La Paz). Allí, manifestantes quemaron la noche del martes parte de la sede del tribunal electoral, que daba el triunfo en la región a Morales.
'Vamos al paro hasta que ustedes digan', arengó Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, región motora del desarrollo nacional, donde ya se ven algunas calles cortadas.
La huelga también comienza a organizarse en la rica región minera de Potosí y en otras zonas.
'Seremos los jóvenes que haremos respetar la democracia y los que sacaremos del palacio (de Gobierno) a Evo Morales', dijo César Ramos, presidente del comité civil juvenil de Tarija (sur).
La influyente plataforma civil Conade, que aglutina comités cívicos de todo el país, anunció también 'resistencia civil' ante la posible victoria de Morales y su adhesión al paro general.
Bajo la lupa internacional
El domingo por la noche, basándose en un conteo electrónico rápido de votos organizado por el TSE, Mesa celebró su paso a segunda vuelta.
'Un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y seguridad, tanto por la información de los medios, como por nuestro propio cálculo interno: ¡Estamos en segunda vuelta!', clamó.
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Sin embargo, tras esos datos parciales, el TSE detuvo durante 20 horas el conteo, provocando recelo y rechazo en la oposición; así como peticiones de organismos internacionales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), y países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, de respetar la transparencia del escrutinio.
Ante esa situación, Mesa, quien fue presidente de 2003 a 2005, cuando dimitió presionado por movimientos sociales, aseguró que no reconocería los resultados, que 'son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa'.
Detractores de Morales tomaron desde entonces las calles y comenzaron a arremeter contra las sedes electorales.
El controvertido giro que dio el resultado parcial de los comicios -que llegó a proyectar temporalmente a Morales como ganador en primera vuelta- será analizado esta jornada en Washington en una reunión extraordinaria de la OEA, que aceptó hacer una auditoría del proceso electoral a pedido del gobierno boliviano.
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La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que se encarga de investigar y promover los derechos humanos, pidió en tanto al gobierno de Morales y a las autoridades electorales que 'respeten total y transparentemente los procedimientos constitucionales para garantizar que el pueblo de Bolivia pueda ejercer su derecho fundamental de elegir libre y justamente a sus propios líderes'.
La decisión de Morales de postularse para un cuarto mandato ha sido fuertemente criticada y en febrero de 2016 los bolivianos la rechazaron en un referéndum. Sin embargo, un año después, esa decisión fue anulada por una polémica sentencia de la Corte Constitucional.
