Lo ocurrido profundiza aún más la crisis que vive el país andino desde hace tres semanas, generada por protestas contra el presunto fraude en la contienda presidencial del 20 de octubre, que Morales dijo haber ganado. Una auditoría electoral de la Organización de los Estados Americanos halló irregularidades generalizadas en las elecciones. El líder indígena terminó dimitiendo el domingo tras presiones de la policía y el ejército.
Por la mañana, la nueva canciller Karen Longaric anunció la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y el ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país en un giro de 180 grados respecto a la política exterior que Morales mantuvo casi 14 años.
En la jornada, miles de manifestantes -en su mayoría cocaleros del Chapare, reducto del exmandatario- buscaban ingresar a la ciudad de Cochabamba para protestar contra Áñez y reclamar el regreso de su líder. Los choques comenzaron cuando manifestantes trataron de cruzar un puesto militar de control, donde opositores y seguidores de Morales se enfrentaron durante semanas.
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Los cocaleros informaron de al menos cinco fallecidos luego de que las fuerzas de seguridad les dispararan a los manifestantes. Más tarde, el Defensor del Pueblo en esa ciudad, Nelson Cox, confirmó ese número de muertos por impacto de bala, así como 26 heridos y 124 detenidos. A muchos se les decomisaron armas y explosivos, informó la policía.
Poco después, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, señaló en conferencia de prensa que se registraron cinco muertes y 22 heridos. También exhortó a dialogar para pacificar el país.
'Se trataría de armamento militar, y uno de los fallecidos presenta una herida de muerte singular, porque el proyectil entró por la nuca e ingresó de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que no vino de un enfrentamiento cruzado”, explicó. “Creemos que fue producto de un agravio, una ofensa de su misma fuerza'.
Desde el hospital en Sacaba, el director Guadalberto Lara dijo a The Associated Press que, además de los cinco muertos, al menos 75 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala.
En la plaza principal de Sacaba se concentraron decenas de personas a velar a los fallecidos. Entre sollozos, una familiar exigió justicia. “¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa”, agregó.
En La Paz, manifestantes afines a Morales chocaron con la policía, que usó gas lacrimógeno para controlar la protesta. Personas mayores y niños quedaron atrapados cuando buscaron refugio en negocios que habían sido cerrados detrás de láminas de metal para protegerse de saqueadores.
Poco antes, Áñez denunció un supuesto “plan subversivo del régimen saliente que intenta destruir el Estado”. Según ella, el blanco son “instalaciones petroleras”.
El ministro de Gobierno anunció la supuesta participación de extranjeros. Nueve venezolanos fueron detenidos con armas cerca de la frontera con Brasil, dijo en rueda de prensa.
Con relación a las nuevas medidas de política exterior, la canciller Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja la UNASUR porque en los hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve”.
Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha desvinculado del tratado del ALBA”, en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que impulsó el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
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Longaric anticipó, además, que la embajadora venezolana en Bolivia, Cris González, será declarada persona non grata.
“Se dará un plazo para que salgan del país”, refiriéndose al personal diplomático de Venezuela, “por haberse involucrado en asuntos internos” de Bolivia.
La funcionaria, además, cesó a todos los embajadores bolivianos porque eran “operadores políticos”, excepto al embajador en Perú y al representante ante la Santa Sede.
En los tres meses de gobierno de Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.
Ésta había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que mande un embajador a Bolivia.
De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los “pronunciamientos hostiles” que hace Morales desde su exilio en ese país.
Más temprano Áñez advirtió que, si el exmandatario regresa a Bolivia, deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.
Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.
