LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS. - El voluntario estadounidense que ayudó a dos indocumentados
centroamericanos hambrientos y deshidratados tras cruzar la frontera, fue absuelto por un jurado de Arizona.
El veredicto se dio a conocer el miércoles. Era el segundo juicio que enfrentaba Scott Warren, un profesor de geografía de 37 años, que trabajaba como voluntario de la ONG No Más Muertes.
'Todos hicieron un trabajo diligente, detallado y asombroso', indicó Warren en un comunicado difundido el jueves en el sitio web de la organización. 'El daño al territorio y a la vida en la región fronteriza no sólo continúa, sino que se ha incrementado mucho desde que todo esto comenzó'.
Los fiscales federales acusaron a Warren de haber organizado el cruce ilegal de dos indocumentados de El Salvador y Honduras, así como darles refugio y, más grave aún, de protegerlos de la Patrulla Fronteriza.
Su defensa argumentó que lo que hizo fue demostrar 'bondad humana básica' al ayudar a estos dos hombres, que asegura, conoció cuando se aparecieron sedientos y hambrientos en un albergue cerca de la frontera con México, ubicado a 177 km al oeste de Tucson.
El primer proceso, en el que encaraba hasta 20 años de cárcel, fue anulado por falta de acuerdo en el jurado.
La fiscalía lo imputó en el segundo por encubrimiento de inmigrantes ilegales, un cargo criminal que también estaban dispuestos a retirar si se declaraba culpable de un delito menor por 'ayudar e instigar a entrar sin autorización' al país.
La defensa no lo aceptó y esta semana fueron a juicio. Al jurado le tomó dos horas absolverlo.
'Llevamos años diciendo que la ayuda humanitaria nunca es un crimen, y hoy 12 miembros del jurado están de acuerdo', indicó por su parte Geena Jackson, también voluntaria en el desierto.
Warren y su defensa sostenían que el proceso en su contra responde a videos difundidos por No Más Muertes en los que se puede ver agentes de la patrulla fronteriza destruyendo botellones de agua que la ONG deja en el desierto para asistir a los migrantes.
Este caso, denunciado por Amnistía Internacional, es para muchos una muestra de las medidas extremas que el presidente Donald Trump está dispuesto a tomar para combatir la inmigración ilegal, uno de los pilares de su gobierno.
El veredicto se dio a conocer el miércoles. Era el segundo juicio que enfrentaba Scott Warren, un profesor de geografía de 37 años, que trabajaba como voluntario de la ONG No Más Muertes.
'Todos hicieron un trabajo diligente, detallado y asombroso', indicó Warren en un comunicado difundido el jueves en el sitio web de la organización. 'El daño al territorio y a la vida en la región fronteriza no sólo continúa, sino que se ha incrementado mucho desde que todo esto comenzó'.
Los fiscales federales acusaron a Warren de haber organizado el cruce ilegal de dos indocumentados de El Salvador y Honduras, así como darles refugio y, más grave aún, de protegerlos de la Patrulla Fronteriza.
Su defensa argumentó que lo que hizo fue demostrar 'bondad humana básica' al ayudar a estos dos hombres, que asegura, conoció cuando se aparecieron sedientos y hambrientos en un albergue cerca de la frontera con México, ubicado a 177 km al oeste de Tucson.
El primer proceso, en el que encaraba hasta 20 años de cárcel, fue anulado por falta de acuerdo en el jurado.
La fiscalía lo imputó en el segundo por encubrimiento de inmigrantes ilegales, un cargo criminal que también estaban dispuestos a retirar si se declaraba culpable de un delito menor por 'ayudar e instigar a entrar sin autorización' al país.
La defensa no lo aceptó y esta semana fueron a juicio. Al jurado le tomó dos horas absolverlo.
'Llevamos años diciendo que la ayuda humanitaria nunca es un crimen, y hoy 12 miembros del jurado están de acuerdo', indicó por su parte Geena Jackson, también voluntaria en el desierto.
Warren y su defensa sostenían que el proceso en su contra responde a videos difundidos por No Más Muertes en los que se puede ver agentes de la patrulla fronteriza destruyendo botellones de agua que la ONG deja en el desierto para asistir a los migrantes.
Este caso, denunciado por Amnistía Internacional, es para muchos una muestra de las medidas extremas que el presidente Donald Trump está dispuesto a tomar para combatir la inmigración ilegal, uno de los pilares de su gobierno.
