Una carta enviada en marzo del 2019 al jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (OAPF) exigía que interviniese para garantizar que los empleados que trabajan en un puente de Texas 'no son heridos o asesinados' al hacer cumplir la política que limita la cantidad de asilados que deja entrar Estados Unidos.
La carta cuestiona las afirmaciones hechas reiteradamente por altos funcionarios del servicio de inmigración de que los esfuerzos por limitar la cantidad de asilados mejoraron la seguridad y de que se trata a los migrantes de una forma humana.
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La misiva fue escrita por David Atkinson, presidente de la división de Hidalgo, Texas, del sindicato que representa a los empleados de la OAPF.
Texas está separada de México por el río Bravo (Grande en Estados Unidos) y varios puentes conectan los dos países. Desde los primeros días del gobierno de Donald Trump la OAPF instaló casetas con agentes en el medio de los puentes para evitar que las personas que piden asilo lleguen a territorio estadounidense. Algunos puentes dejan cruzar a solo un puñado de personas todos los días.
La OAFP dice que, con tantas familias que piden asilo --este año hubo cifras récord-- no tiene suficiente capacidad para permitir el ingreso de todas de una vez.
Atkinson sostuvo en su carta al director de entonces de la OAFP Kevin McAleenan que ese sistema 'coloca a los que buscan asilo y a los empleados en zonas llenas de pestes que se sabe son susceptibles a tiroteos'. Rynosa, la ciudad del otro lado del puente de Hidalgo, es uno de los sitios más peligrosos de México.
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Los empleados que hacen cumplir esas políticas 'quisieran tener algo por escrito que proteja las actividades que les ordenan llevar a cabo, ya que la Agencia afirma públicamente que no llevan a cabo estas actividades que en realidad sí lo hacen', escribió Atkinson.
Reconoció asimismo lo que es un secreto a voces en muchas localidades fronterizas: Las listas de espera son un buen negocio para los carteles y los funcionarios que cobran coimas para adelantar a los migrantes. Indicó que se les informó a los agentes que los funcionarios mexicanos pueden vender cupos 'al mejor postor'.
Atkinson, McAleenan y la OAFP no respondieron a pedidos de comentarios.
Los documentos fueron obtenidos inicialmente por abogados de la agrupación defensora de inmigrantes de Los Ángeles Al Otro Lado, que ha demandado al gobierno por su práctica de rechazar a quienes piden asilo, algo que comenzó en el 206, durante el gobierno de Barack Obama, según dicen. Los abogados compartieron los documentos con la AP.
Las quejas de los agentes relacionadas con el rechazo de personas que piden asilo se remontan al menos a marzo del 2017, en que el sindicalista Wiliam Haralson habló de una queja formal ante la OAFP y dijo que ese organismo 'causó lesiones traumáticas y emocionales a niños'.
El inspector general del Servicio de Seguridad Nacional publicó en septiembre un informe motivado por otro agente que expresó preocupación por la política de 'metering' que establece cupos en la frontera, esta vez en Tecate, California. El informe indicó que los agentes de la OAFP habían rechazado a personas que pedían asilo incluso después de que habían entrado a territorio estadounidense, diciéndoles que tenían que presentar sus solicitudes en otros sitios.
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Los cupos son una de varias iniciativas del gobierno de Trump que buscan limitar los asilos. Bajo el programa 'Permanecer en México', el gobierno envió a más de 50,000 personas de regreso a México para que esperen allí ser citados por tribunales de inmigración, lo que puede tomar semanas, si no meses. El gobierno estadounidense también trató de obligar a los migrantes a radicarse en México o en países centroamericanos en los que miles de personas le escapan a la pobreza y la violencia.
