MADRID, ESPAÑA.- Zoilo Patiño podría haber sido tan sólo una cifra más entre los 19.000 ancianos fallecidos por el nuevo coronavirus en las residencias para personas mayores de España, pero su muerte en medio de la pandemia ayudó a
visibilizar un sistema de cuidados caótico, viciado y precario.
Patiño, quien padecía Alzheimer, falleció a mediados de marzo, el mismo día que Madrid registraba otras 200 víctimas por el nuevo virus. En ese momento, las funerarias no daban a basto y el cuerpo del anciano de 84 años quedó encerrado bajo llave en la misma habitación donde murió.
Una brigada militar acudió a desinfectar el Centro de Mayores de Usera 24 horas después, y se sorprendió al encontrar el cadáver de Patiño. Este y otros casos similares acapararon titulares por todo el mundo cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en televisión que había “ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas'.
“No era lo ideal tener un cuerpo que era posiblemente altamente contagioso ahí', señala José Manuel Martín, un trabajador de la residencia que durante horas trató de localizar a funerarios disponibles.
“Pero, ¿qué más podíamos hacer nosotros? Ni siquiera estábamos preparados', prosigue. “No teníamos los sudarios adecuados como para tener un cuerpo infectado ahí tanto tiempo, más en una habitación donde la temperatura era bastante elevada”.
El sombrío hallazgo desembocó en una investigación penal y ha propiciado un duro examen de conciencia sobre las residencias de ancianos en España, donde se han registrado más muertes durante la pandemia que en cualquier otro país de Europa.
Buena parte de la atención se ha centrado en las residencias de propiedad gubernamental, como el centro de Usera, cuyo día a día ha pasado a ser gestionado por empresas privadas, muchas de ellas multinacionales respaldadas por firmas de capital riesgo que buscan un retorno de sus inversiones mediante recortes de personal, gastos y, según varios afectados, también la calidad del cuidado.
Una investigación de The Associated Press en el centro de 160 residentes, donde Patiño y otros 41 usuarios fallecieron, reveló cómo se redujeron costes durante los años previos a la pandemia y cómo se tomaron decisiones muy cuestionables en el pico del brote. Entre ellas, el principal responsable médico de la residencia ordenó a las trabajadoras que dejasen de utilizar máscaras protectoras. Y también se permitió que pasasen seis días cruciales antes de cumplir con una orden gubernamental que exigía separar a los contagiados de los sanos.
Docenas de entrevistas con empleados, familiares y residentes, junto con el rastreo de documentos a disposición pública y otros obtenidos por la AP ayudaron a reconstruir un cuadro que se asemeja más a un modelo de “comida rápida” que al de un cuidado efectivo y compasivo de personas. Los testimonios exponen equipamiento estropeado, errores continuos en la administración de medicinas y auxiliares de enfermería responsables de limpiar, alimentar y cuidar a 10 o más residentes a la vez, con el tiempo para comer acortado continuamente y usuarios a los que se obliga a utilizar pañales para reducir las visitas al baño.
La multinacional que opera la residencia de Usera cuestionó los hallazgos de la AP y señaló que trabaja para prevenir futuros rebrotes del virus. También rechazó responder al planteamiento que hacen algunos órganos de vigilancia y políticos sobre la necesidad de reformar un sistema que incentiva la entrada de fondos de inversión en la gestión de las residencias públicas.
“El modelo no funciona”, reconocía ya en febrero, a menos de un mes de que el nuevo virus corriese como la pólvora en estos centros, Alberto Reyero, el responsable de políticas sociales y, por tanto, de la red de residencias de ancianos en el gobierno regional de la Comunidad de Madrid.
Patiño, quien padecía Alzheimer, falleció a mediados de marzo, el mismo día que Madrid registraba otras 200 víctimas por el nuevo virus. En ese momento, las funerarias no daban a basto y el cuerpo del anciano de 84 años quedó encerrado bajo llave en la misma habitación donde murió.
Una brigada militar acudió a desinfectar el Centro de Mayores de Usera 24 horas después, y se sorprendió al encontrar el cadáver de Patiño. Este y otros casos similares acapararon titulares por todo el mundo cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en televisión que había “ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas'.
“No era lo ideal tener un cuerpo que era posiblemente altamente contagioso ahí', señala José Manuel Martín, un trabajador de la residencia que durante horas trató de localizar a funerarios disponibles.
“Pero, ¿qué más podíamos hacer nosotros? Ni siquiera estábamos preparados', prosigue. “No teníamos los sudarios adecuados como para tener un cuerpo infectado ahí tanto tiempo, más en una habitación donde la temperatura era bastante elevada”.
El sombrío hallazgo desembocó en una investigación penal y ha propiciado un duro examen de conciencia sobre las residencias de ancianos en España, donde se han registrado más muertes durante la pandemia que en cualquier otro país de Europa.
Buena parte de la atención se ha centrado en las residencias de propiedad gubernamental, como el centro de Usera, cuyo día a día ha pasado a ser gestionado por empresas privadas, muchas de ellas multinacionales respaldadas por firmas de capital riesgo que buscan un retorno de sus inversiones mediante recortes de personal, gastos y, según varios afectados, también la calidad del cuidado.
Una investigación de The Associated Press en el centro de 160 residentes, donde Patiño y otros 41 usuarios fallecieron, reveló cómo se redujeron costes durante los años previos a la pandemia y cómo se tomaron decisiones muy cuestionables en el pico del brote. Entre ellas, el principal responsable médico de la residencia ordenó a las trabajadoras que dejasen de utilizar máscaras protectoras. Y también se permitió que pasasen seis días cruciales antes de cumplir con una orden gubernamental que exigía separar a los contagiados de los sanos.
Docenas de entrevistas con empleados, familiares y residentes, junto con el rastreo de documentos a disposición pública y otros obtenidos por la AP ayudaron a reconstruir un cuadro que se asemeja más a un modelo de “comida rápida” que al de un cuidado efectivo y compasivo de personas. Los testimonios exponen equipamiento estropeado, errores continuos en la administración de medicinas y auxiliares de enfermería responsables de limpiar, alimentar y cuidar a 10 o más residentes a la vez, con el tiempo para comer acortado continuamente y usuarios a los que se obliga a utilizar pañales para reducir las visitas al baño.
La multinacional que opera la residencia de Usera cuestionó los hallazgos de la AP y señaló que trabaja para prevenir futuros rebrotes del virus. También rechazó responder al planteamiento que hacen algunos órganos de vigilancia y políticos sobre la necesidad de reformar un sistema que incentiva la entrada de fondos de inversión en la gestión de las residencias públicas.
“El modelo no funciona”, reconocía ya en febrero, a menos de un mes de que el nuevo virus corriese como la pólvora en estos centros, Alberto Reyero, el responsable de políticas sociales y, por tanto, de la red de residencias de ancianos en el gobierno regional de la Comunidad de Madrid.
