Sin dar detalles, Vizcarra dijo en un pronunciamiento transmitido por la televisora pública que Merino ya había elaborado gabinetes ministeriales de reemplazo y llamado por teléfono a los jefes militares para anunciarles que el Congreso iba a iniciar un proceso de destitución.
“Eso es conspiración”, añadió el presidente.
El sábado el ministro de Defensa, Jorge Chávez, dijo que los jefes militares le habían confirmado que el presidente del Congreso los había llamado para comunicarles sobre el proceso de vacancia presidencial. Merino admitió que realizó las llamadas, pero aseguró que fue para dar “tranquilidad” a las Fuerzas Armadas ante la crisis.
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Vizcarra también incluyó en la conspiración al legislador Edgar Alarcón que preside una comisión que indaga sobre un presunto favorecimiento hacia un amigo del presidente llamado Richard Cisneros quien fue contratado para dar charlas motivacionales a funcionarios por 49,500 dólares.
La investigación a Cisneros ha provocado la actual crisis política, luego de que el legislador Alarcón difundiera audios en los que al parecer se escuchaba a Vizcarra planificar la defensa de dos funcionarias de su entorno para responder en la investigación acerca del número de ingresos de Cisneros al palacio presidencial. Una funcionaria fue despedida y la otra renunció.
Temprano el gobierno pidió al Tribunal Constitucional que suspenda el proceso de destitución presidencial por “permanente incapacidad moral” que el Congreso inició la semana pasada.
Se espera que el Tribunal se pronuncie antes del viernes, fecha que el Parlamento fijó para votar si destituye al mandatario. El Congreso unicameral necesita 87 votos y el resultado es incierto.
Vizcarra gobierna desde marzo de 2018 sin una bancada parlamentaria luego de reemplazar al entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.
Luis Huerta, abogado gubernamental, dijo a la prensa que la demanda busca evitar que la vacancia sea empleada por el Congreso de “forma arbitraria” para acortar el mandato presidencial, que en el caso de Vizcarra debería concluir el 28 de julio de 2021.
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La Constitución permite la destitución por “incapacidad moral permanente”, pero los expertos afirman que la interpretación es muy amplia y podría ser usada según convenga a quien la usa.
La “incapacidad moral permanente” fue incorporada en el siglo XIX a las leyes peruanas, pero en aquella época el significado de “incapacidad moral” estaba ligado a la incapacidad mental, no a un tipo de comportamiento cuestionado, como se entiende ahora.
Los conflictos de Vizcarra con el Legislativo no son nuevos. Hace casi un año, Vizcarra disolvió el anterior Parlamento, pero el nuevo Congreso unicameral que ahora podría destituirlo, y sesiona desde marzo, ha colisionado con el Ejecutivo por decisiones ligadas al manejo estatal durante la pandemia, entre ellos la devolución de parte de los fondos de pensiones.
La crisis política se suma a la sanitaria y económica que vive el país por el nuevo coronavirus, que desde marzo ha provocado 30,710 muertos y 729,619 infectados. Perú sufre una dura recesión y la caída económica en 2020 será la tercera peor en el mundo, según el Banco Mundial.
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