Con esta petición, que la cámara alta turnará ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice su constitucionalidad, se inicia el trámite de un referéndum sobre la gestión de casi todos los exmandatarios mexicanos que siguen vivos.
López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones parlamentarias de mitad de su sexenio y que son clave para que el presidente retenga su escasa mayoría en el Congreso.
La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período en México a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.
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López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una “corrupción sistemática” desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de 'neoliberal o neoporfirista”, en alusión a la dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911).
“Los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, dijo López Obrador en la petición remitida al Senado. 'Fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”.
La ley actual permite castigar los actos de corrupción, pero no está claro si López Obrador puede investigar a exmandatarios por decisiones de política con las que no está de acuerdo, como las privatizaciones generalizadas de empresas gubernamentales llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
El presidente pareció equiparar esas políticas con prácticas corruptas, como la de ofrecer a sectores privilegiados acuerdos favorables en contratos gubernamentales o en privatizaciones.
“En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”, añadió.
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Expertos y columnistas han criticado duramente que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para sentarlo en el banquillo.
“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal , sin necesidad de consulta”, contestó el martes via Twitter el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). “Pero si no tiene pruebas, ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”.
En el pasado, López Obrador había evitado ahondar en las fechorías de gobiernos pasados, diciendo que “la venganza no es mi fuerte” y que es mejor el “perdón y olvido”. De hecho, paradójicamente, aunque quiere la consulta, él ha reiterado en varias ocasiones que votará ‘no’ en el referéndum.
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El único presidente vivo que no ha sido mencionado por López Obrador es Luis Echeverría, quien tiene 98 años.
Una fiscalía especializada presentó cargos contra Echeverría por una masacre de estudiantes en 1968, pero un tribunal lo exoneró en 2007.
En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de su partido, Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente dijo el martes que esperaba que obtuvieran ese número.
