Si los magistrados ratifican la sentencia dictada en diciembre por el más alto tribunal de justicia de esta región del noreste de España, esto implicaría la destitución del dirigente catalán que ha abierto la puerta a desobedecer dicha decisión.
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Calificando el proceso de 'aberrante y esperpéntico', Torra cargó tras la vista en la sede del alto tribunal en Madrid contra un 'Estado que pretende inhabilitar a un presidente en ejercicio de su mandato en medio de una pandemia y una crisis monumental' por, a su parecer, 'reivindicar con una pacífica pancarta derechos fundamentales'.
El caso se remonta a marzo de 2019, cuando Torra se resistió a retirar una pancarta con símbolos separatistas de la sede de su gobierno, como había ordenado la Junta Electoral Central para salvaguardar la neutralidad institucional ante unos comicios legislativos que se celebraban en abril.
'Sí, desobedecí. Pero es que era imposible cumplir con una orden ilegal', dijo Torra durante su juicio en noviembre pasado, amparando su conducta en el derecho a la libertad de expresión.
El Supremo no precisó cuándo publicará su decisión.
Si confirma su inhabilitación, se abriría una crisis política en Cataluña, donde el movimiento independentista se muestra profundamente dividido desde el fracaso del intento de secesión de 2017.
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La tensiones entre el partido de Torra, Juntos por Cataluña, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), sus socios de gobierno, llevaron al dirigente a anunciar elecciones anticipadas en la región, pero su convocatoria no se concretó por la pandemia del coronavirus.
La hipotética destitución de Torra obligaría al Parlamento regional con mayoría separatista a escoger un nuevo presidente. Si no hubiera acuerdo entre las fuerzas independentistas, deberían convocarse nuevas elecciones.
Estas turbulencias podrían impactar al gobierno español de Pedro Sánchez, que fue reelegido en enero con la ayuda del partido separatista ERC a cambio de la creación de una mesa de negociación para solventar la crisis catalana.
Este diálogo quedó interrumpido por la pandemia pero Sánchez quiere reactivarlo próximamente.
El presidente regional podría apelar la decisión del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso no sería suspensivo, con lo que la destitución sería efectiva.
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