BOGOTÁ, COLOMBIA.-Las tensiones entre el gobierno de
Colombia y la sociedad civil siguen en aumento tras la muerte de una mujer trans que fue baleada por un integrante del Ejército. El incidente se registró al tiempo que el ministro de
Defensa es cuestionado por su respuesta a una orden judicial y a las protestas por los abusos de la fuerza pública.
A través de Twitter, el presidente Iván Duque pidió “celeridad” en la investigación de la muerte de Juliana Giraldo y un “castigo ejemplar” para el responsable de este crimen que ha estremecido al país.
“El ejército me acabó de matar a mi mujer”, relató el cónyuge de Giraldo, quien viajaba junto a ella en auto por una carretera en Cauca, en el suroccidente de Colombia, cuando miembros del Ejército les pidieron que se detuvieran.
La Fiscalía informó que investigará la muerte de Giraldo con un enfoque diferencial, para determinar si la identidad de género tuvo incidencia en los hechos.
A través de Twitter, el presidente Iván Duque pidió “celeridad” en la investigación de la muerte de Juliana Giraldo y un “castigo ejemplar” para el responsable de este crimen que ha estremecido al país.
“El ejército me acabó de matar a mi mujer”, relató el cónyuge de Giraldo, quien viajaba junto a ella en auto por una carretera en Cauca, en el suroccidente de Colombia, cuando miembros del Ejército les pidieron que se detuvieran.
La Fiscalía informó que investigará la muerte de Giraldo con un enfoque diferencial, para determinar si la identidad de género tuvo incidencia en los hechos.
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“Esto con el propósito es determinar si la identidad de género de la víctima es relevante en la ocurrencia de los hechos o, independientemente de ello, se respete integralmente la identidad de Juliana a lo largo del proceso investigativo”, señaló Mauricio Noguera Rojas, experto en enfoque diferencial de la institución.
Tanto en el caso de Giraldo, como en otros recientes que produjeron protestas multitudinarias, el gobierno ha dicho que se trata de “comportamientos individuales de algunos de sus integrantes”, pese a que varios sectores advierten de problemas estructurales dentro de la fuerza pública. En esa línea, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se convirtió en la principal defensora de una reforma a la policía porque a su juicio las denuncias de brutalidad policial no corresponden a “manzanas podridas”.
“Hay una reiteración de hechos en los cuales miembros de fuerza pública, tanto de policía como de ejército, claramente desbordan los marcos legales especialmente en el tratamiento de la protesta y del control en las regiones”, explicó Alejo Vargas Velásquez, experto en seguridad y defensa.
En el país hay un debate político y jurídico por la respuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a una sentencia judicial que le ordenó pedir disculpas por los “excesos de la fuerza pública” cometidos en las protestas de noviembre de 2019, porque consideró que el uso de la fuerza contra los manifestantes fue “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada”.
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“Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la Ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución”, dijo el ministro.
Para el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, el ministro “no cumplió” porque no se refirió explícitamente a las víctimas de las protestas de 2019, en vez de esto reiteró las disculpas que pidió este año tras la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho que falleció tras ser sometido por la policía con una pistola de electrochoques. Este hecho desató las protestas violentas que dejaron 13 personas muertas en Bogotá entre el 9 y 10 de septiembre.
El fallo es de cumplimiento obligatorio y ha aumentado la presión sobre el gobierno colombiano para hacer cambios al interior de la policía que acompaña las protestas. La corte pidió detener el uso de las escopetas calibre 12, hasta tanto no se tengan garantías de su utilización “responsable”, pues este fue el tipo de arma no letal que impactó a un joven durante las protestas de 2019 causándole la muerte. Además, no “estigmatizar” a los manifestantes, tal como piden organizaciones sociales como la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá y la Cumbre Popular Urbana.
El ministro de Defensa ha dicho que las actuaciones de los policías antimotines se producen “exclusivamente” cuando hay actuaciones “violentas e irracionales que constituyen delitos” y que pueden atentar contra los derechos de las personas que manifiestan de forma pacífica.
Tal como lo había advertido el gobierno, el ejército de Liberación Nacional (ELN) aceptó haber participado en las recientes protestas y actos vandálicos que se generaron contra la infraestructura de la policía.
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“De forma descarada este bandido reconoce la participación de las redes urbanas del ELN en los actos de violencia y vandalismo en Bogotá en la semana del 9 de septiembre, tal como lo denunció el gobierno Nacional”, aseguró el ministro.
Aún con las infiltraciones de la guerrilla del ELN en las protestas, analistas aseguran que el descontento social es legítimo, pues la pandemia se ha convertido en un detonante y ha volcado a miles de personas a las calles a reclamar contra la violencia y mejores condiciones sociales.
“Creo que las protestas han sido una suerte de continuación, pero agravada de lo que sucedió en noviembre del año pasado durante el paro nacional. El confinamiento profundizó muchos de los agravios, hay un efecto socioeconómico en algunos sectores sociales”, señaló la analista Sandra Borda.
