En un comunicado, el tribunal 'ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas' por el Ministerio de Sanidad español, que afectan a 4.5 millones de personas, de la ciudad de Madrid y algunos municipios aledaños. Los residentes de estas zonas sólo pueden salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.
La región de Madrid registra unos 700 casos por cada 100,000 habitantes, frente a los 300 casos por 100,000 del resto del país.
El confinamiento parcial de la población se aplicó después de un intenso rifirrafe entre las autoridades del gobierno central, de izquierdas, y las que dirigen la comunidad de Madrid, de talante conservador, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.
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Las autoridades regionales habían presentado este recurso, argumentando que las medidas decretadas por el gobierno central no tenían 'validez jurídica'.
En su decisión del jueves, el tribunal concluye que la ley que ampara estas medidas no permite limitar derechos fundamentales de la población.
'Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley', dice textualmente la decisión judicial.
El tribunal concluye admitiendo que es 'consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes' que sufre el país, y de 'la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces (...) para proteger la salud de los ciudadanos y contener la propagación de la enfermedad (...) entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance'.
España ha registrado más de 800,000 contagios y 32,000 fallecidos por coronavirus hasta el momento y es proporcionalmente a su población uno de los países más afectados de Europa.
Ni el gobierno central ni las autoridades regionales habían reaccionado a la decisión judicial poco después del mediodía.
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Por su parte, el gobierno regional de Madrid, dirigido por el Partido Popular, había instaurado el 21 de septiembre y por dos semanas varias medidas para limitar la libertad de movimiento en algunos barrios de Madrid y de sus alrededores, en los que el número de nuevos casos de covid-19 era más alto.
En su mayoría, se trataba de barrios obreros del sur de la capital.
El gobierno regional afirma que sus medidas estaban empezando a dar sus frutos y considera que el confinamiento parcial de la capital acarreará unas consecuencias muy negativas para la economía de la región y será menos eficaz para combatir la pandemia.
