Entre otros reclamos destaca la aprobación de un presupuesto para 2021 que recortó fondos a salud y educación entre otros.
Castillo dijo en rueda de prensa que en varias ocasiones ha llamado al diálogo al primer mandatario pero que no ha tenido éxito., por lo que le solicitó que “presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo vicepresidente, pero que lo hagamos juntos para descartar las ideas sediciosas que se tiene o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme con su puesto', dijo Castillo y así intentar contener el enojo de la población.
Castillo agregó que sugirió desintegrar Centro de Gobierno, una institución que dirige un amigo íntimo del presidente que duplicaría funciones de otras instituciones, vetar el presupuesto 2021, evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de gobierno y tener mayor acercamiento a sectores del país.
Castillo dijo que no comparte varias decisiones presidenciales que afectan a la población.
Pocas horas antes Giammattei en cadena nacional, junto a miembros de su gabinete, dio su aval al presupuesto aprobado. El presupuesto fue aprobado con el voto de 116 de 160 diputados al congreso en su mayoría del partido oficial y aliados.
Sobre la petición de hecha al presidente Giammattei, su secretaria de comunicación Francis Masek dijo a periodistas que “No hay comentarios sobre lo que pide el Señor Vicepresidente”.
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Más temprano, mientras Iota tocaba suelo guatemalteco y Eta había dejado sin comida durante días a comunidades pobres de Guatemala y 59 muertos y casi 100 desaparecidos, los diputados aprobaron el presupuesto ya mencionado, que recorta fondos para la educación, la atención de pacientes con covid-19 y la protección de los derechos humanos. Y, como si fuera poco, destinaron 65,000 dólares para sus comidas en el hemiciclo.
El rechazo social creció al conocerse que el presupuesto por 12,700 millones de dólares había sido negociado en secreto y aprobado por el pleno del Congreso en la madrugada del miércoles, mientras la población dormía.
El enojo, que comenzó en las redes sociales y siguió con muestras de repudio frente al Congreso, donde manifestantes quemaron pancartas, colocaron coronas de flores y se enfrentaron con la policía, ha crecido a una convocatoria a manifestarse masivamente el sábado.
En tanto, la Conferencia Episcopal pidió el viernes al presidente Alejandro Giammattei que vete el polémico presupuesto.
“Fue un golpe artero a la población porque Guatemala se debate entre fenómenos naturales, hay indicios de corrupción de gobierno, manejo clientelar de la ayuda humanitaria”, dijo a The Associated Press el procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas.
“La alianza oficial aprovechó la nocturnidad y con alevosía y ventaja aprobaron un presupuesto opaco”, agregó.
El procurador explicó que el presupuesto fortaleció ministerios como los de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que han sido históricamente focos de corruptos.
Mircini Moliviatis, una reconocida chef guatemalteca, y otros artistas hicieron videos en sus cuentas de Facebook convocando a la ciudadanía a rechazar el presupuesto.
“Estoy llamando a manifestar porque quiero un mejor país y si no nos involucramos no va a pasar nada. Debemos involucrarnos en una protesta pacífica para decir nuestro descontento, tenemos que ser escuchados. La prioridad debe ser la educación y nutrición de los niños, que termine la corrupción”, dijo Moliviatis.
Aunque Giammattei dijo en cadena nacional que los fondos para combatir la desnutrición estaban garantizados y que este año sólo se habían reportado 932 casos de niños malnutridos, el Ministerio de Salud informó que hasta octubre de este año más de 24,000 niños menores de cinco años presentaron desnutrición aguda, moderada y severa.
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En 2015 la sociedad guatemalteca salió a las calles de forma pacífica en rechazo a las denuncias de corrupción en el gobierno del general Otto Pérez Molina. Las protestas llevaron a la renuncia de Pérez Molina, de su vicepresidenta Roxana Baldetti y de los miembros de su gabinete. Tanto el exmandatario como Baldetti están presos a la espera de juicios por varios casos de corrupción.
