'Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa', dijo en Twitter el jefe de la diplomacia Mike Pompeo.
'No se debe permitir que ningún país o entidad persiga a personas impunemente por sus creencias. Esta designación anual muestra que si se ataca la libertad religiosa, actuaremos', advirtió.
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Los otros países de la lista negra son los mismos que en 2019: Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán.
Pompeo no agregó a India, a pesar de la recomendación en este sentido de una comisión asesora sobre libertad religiosa internacional, que en abril denunció un 'deterioro drástico' bajo el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi, cercano aliado del presidente estadounidense Donald Trump.
Cuba y Nicaragua fueron colocados en la 'Lista de Vigilancia especial' de gobiernos que han participado en 'graves violaciones de la libertad religiosa' o las han tolerado. También en esa categoría se incluyeron Comoras y Rusia.
Pompeo destacó que Sudán y Uzbekistán fueron eliminados de ese grupo de vigilancia especial 'debido a los avances significativos y concretos realizados por sus respectivos gobiernos durante el año pasado'.
Washington también decidió recientemente eliminar a Jartum de su lista negra de estados que apoyan el terrorismo.
Pompeo no especificó los motivos de la inclusión en la lista negra de Nigeria, ya bajo vigilancia en 2019.
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En su último informe sobre la libertad religiosa en el mundo, publicado en junio, el Departamento de Estado señaló las tensiones entre las autoridades y el grupo radical chiíta Movimiento Islámico en Nigeria, cuyas protestas son sangrientamente reprimidas.
Señaló que la prohibición de esta organización el año pasado fue denunciada por la Iglesia católica nigeriana, que la considera una amenaza a la libertad religiosa en general.
El informe también se refiere a las detenciones de musulmanes por comer en público en Kano, la mayor ciudad del norte de Nigeria, durante el ayuno de Ramadán.
Washington realiza anualmente estas designaciones en virtud de la Ley de libertad religiosa internacional de 1998, que busca promover la libertad de culto como política exterior de Estados Unidos.
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La inclusión en listas negras puede allanar el camino para sanciones económicas, incluida la pérdida de asistencia financiera del gobierno, si los países designados no toman medidas para corregir los límites a la libertad religiosa alegados por Washington.
Pompeo, un devoto cristiano evangélico, ha hecho de la defensa de la libertad religiosa su principal prioridad de derechos humanos, un área que sin embargo destacó poco en la administración Trump.
