The Associated Press se ha enterado que el campamento reconvertido ha enfrentado varios problemas en los cuatro días que han pasado desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo habilitó como albergue debido a las dificultades para hallar alojamiento para menores inmigrantes. Más de 10% de la población del campamento ha dado positivo al nuevo coronavirus, y al menos un niño tuvo que ser hospitalizado.
Un funcionario que labora en las instalaciones de Midland, Texas, dijo que la mayoría del personal voluntario de la Cruz Roja en el lugar no habla español, pese a que los adolescentes que atiende provienen de Centroamérica en su mayoría. Cuando las instalaciones abrieron, no había ropa nueva suficiente para dar a los adolescentes, que llevaban días portando la misma vestimenta, indicó el funcionario. Tampoco había ningún coordinador de servicios en el lugar para iniciar el proceso de entrega de los menores a familiares asentados en otras partes de Estados Unidos.
El albergar a los adolescentes cuando aún se estaban instalando servicios básicos “fue como fabricar un avión al momento en que despega”, detalló el funcionario, quien solicitó no ser identificado debido a restricciones del gobierno.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) notificó a las autoridades de Midland el miércoles por la noche que no tenía planes para llevar a más adolescentes a las instalaciones, de acuerdo con un correo electrónico leído por The Associated Press. Hasta el miércoles aún había 485 menores en el lugar, 53 de los cuales habían dado positivo al coronavirus.
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El gobierno trasladó el miércoles a cerca de 200 adolescentes a otro albergue de emergencia, el centro de convenciones ubicado en el centro de Dallas, que podría habilitarse para albergar hasta a 3,000 menores. Mark Weber, portavoz del HHS, dijo que el traslado de más menores al campamento en Midland se encontraba “en pausa por ahora”. La agencia tampoco abrirá una instalación temporal para menores en el Campo Aéreo Federal Moffett, cerca de San Francisco, de acuerdo con la representante demócrata Anna Eshoo.
El gobierno de Biden ha sido fuertemente criticado por su respuesta a un aumento de cruces fronterizos no autorizados de niños sin compañía de adultos. Mientras unos 4.500 menores aguardan en instalaciones de la Patrulla Fronteriza que no están equipadas para detenciones a largo plazo, en donde algunos duermen en el piso, el HHS se ha apresurado a abrir sitios de detención en todo el país y ha intentado apresurar sus procesos para liberar a los niños en custodia. Actualmente el HHS custodia a unos 9.500 menores.
Además, Estados Unidos ha registrado un marcado incremento de familias procedentes de Centroamérica que llegan a la frontera después de huir de la violencia, la pobreza y los efectos de un devastador huracán. Biden ha mantenido en vigor la medida de emergencia que promulgó el gobierno de Trump durante la pandemia y que le permite a las autoridades federales expulsar rápidamente a estas personas a México, aunque por lo general a las familias con hijos pequeños se les permite ingresar por el sur de Texas.
María Cuéllar, de 38 años y originaria de San Pedro Sula, Honduras, fue expulsada esta semana junto con su hijo de 10 años. Cuéllar dijo que se enteró que, con el cambio de gobierno, Estados Unidos recibía nuevamente a migrantes. Comentó que su casa quedó destruida por el huracán Eta en noviembre y no podía pagar las cuentas debido a la desaceleración económica que provocó la pandemia del coronavirus.
Contrabandistas la llevaron a través de México y hacia el río Bravo (Grande) en un grupo de 10 personas el domingo después del atardecer. Posteriormente, el grupo caminó durante la noche por tres horas para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero en cuestión de horas fueron devueltos por un puente peatonal que conecta a McAllen, Texas, con Reynosa, México.
El gobierno de Biden no está expulsando a los inmigrantes menores de edad que viajan sin un padre o tutor legal. Cientos de ellos cruzan la frontera a diario, llegando primero a hacinadas estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde esperan a ser asignados al sistema del HHS.
El HHS ha recurrido a la Cruz Roja estadounidense para atender a los adolescentes, tanto en Midland como en Dallas, distanciándose de la práctica estándar de pagarle a personal capacitado para cuidar de los jóvenes. Los voluntarios de la Cruz Roja se sientan fuera de los remolques en Midland para vigilar a los adolescentes en el interior. En ambas instalaciones también hay personal del HHS y del Servicio de Salud Pública.
Ni el HHS ni la Cruz Roja señalaron si los voluntarios debían aprobar una revisión de huellas dactilares del FBI, la cual es más detallada que una revisión de antecedentes a nivel comercial. Las dos agencias han rechazado reiteradas solicitudes de entrevistas.
La falta de dichas revisiones de antecedentes en una instalación del HHS en Tornillo, Texas, en 2018 causó inquietudes de que el gobierno ponía en riesgo el bienestar de los menores. El HHS requiere que todos sus proveedores de cuidados en instalaciones permanentes aprueben una revisión de huellas dactilares del FBI, y el inspector general de la agencia encontró en 2018 que la falta de revisiones de antecedentes y de médicos suficientes de salud mental eran “vulnerabilidades graves de seguridad y salud'.
El funcionario que habló con la AP a condición de guardar el anonimato dijo que en las instalaciones de Midland no había atención de salud mental suficiente para los menores, que por lo general huyen de sus países de origen y han realizado un trayecto traumático para llegar a Estados Unidos.
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En un comunicado difundido esta semana, el HHS dijo que se apresuraba a retirar a los menores de la custodia de la Patrulla Fronteriza, y que las instalaciones de emergencia “brindarán un ambiente más seguro y menos hacinado en donde los niños reciban atención y se les procese lo más rápido posible”.
La Cruz Roja dijo que sus voluntarios en Midland y Texas “han recibido una capacitación intensa en operaciones de albergue y seguridad relacionada con el covid-19”, además de que se han revisado los antecedentes de todos ellos. La agencia se negó a detallar cuántas horas de capacitación recibió cada voluntario.
Al representante federal August Pfluger, un republicano cuyo distrito incluye a Midland, se le permitió visitar el lugar poco después de que abriera, y pudo observar unidades portátiles que sirven como habitaciones para cada adolescente. “Es una instalación profesional que fue pensada para trabajadores”, comentó.
Pero Pfluger y otros funcionarios de Midland señalaron que el gobierno de Biden no estaba respondiendo a sus preguntas ni otorgándoles garantías de que las autoridades mantendrían seguras a las comunidades vecinas. El HHS abrió la instalación de Midland sin notificar a algunos de los principales funcionarios locales, que aseguran que no se ha respondido a muchas de sus inquietudes.
El correo electrónico que el HHS envió a los funcionarios locales esta semana detalla la rapidez con que las autoridades del gobierno abrieron la instalación. El documento señala que funcionarios identificaron el campamento el viernes y firmaron el contrato al día siguiente. El primer grupo de adolescentes llegó el domingo en la noche.
“Las personas no confían en lo que están haciendo. No se sienten seguros”, dijo Pfluger. “La falta de transparencia sólo sirve para ampliar ese problema”.
Leecia Welch, abogada del grupo activista National Center for Youth Law, entrevistó la semana pasada a niños que fueron detenidos en una enorme instalación de carpas de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas. Muchos de los menores reportaron que llevaban varios días sin bañarse o salir al aire libre.
Welch destacó que Biden “heredó un sistema de inmigración desmantelado, y el impacto en los niños, en particular, es cada día más grave”.
Pero, añadió, “construir más y más centros de detención sin servicios o manejo de casos es simplemente cambiar una serie de problemas por otros”.
