A través de un comunicado, la secretaría acusó además a la fiscalía general de El Salvador de “asfixiamiento” a la CICIES en las últimas semanas, “cercenando completamente sus posibilidades de investigación”.
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En 2019 la OEA y el gobierno de El Salvador firmaron un acuerdo para la creación de la CICIES y en diciembre de ese año la fiscalía y la nueva comisión suscribieron un convenio de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la fiscalía para combatir la impunidad y la corrupción en la función pública.
Sin embargo, el presidente de salvadoreño Nayib Bukele dijo la semana pasada que rompería el convenio con la CICIES tras un supuesto anuncio de la OEA de la contratación del exalcalde Ernesto Muyshondt, quien enfrenta cargos de fraude electoral y negociaciones con las pandillas.
El lunes, la secretaría de la OEA dijo que Muyshondt no fue contratado sino que “solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó”.
La secretaría de la OEA también dijo que antes de hacer público el ofrecimiento a Muyshondt, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador fue notificado al respecto y que éste “en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia”.
En el comunicado, la secretaría, bajo el mando del secretario general Luis Almagro, dijo que “ni aún la contratación” de Muyshondt hubiera dado al exalcalde inmunidad ante los tribunales salvadoreños.
“Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización,” dice el comunicado. “La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país”.
El viernes Bukele se quejó de que Almagro anunciara el fichaje de Muyshondt en el papel de asesor, un día antes de que éste asistiera a un juzgado para una audiencia de revisión de medidas por supuestamente haber incumplido órdenes judiciales.
“Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Presidencial.
El 3 de junio Almagro escribió en su cuenta de Twitter que Muyshondt “ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de @OEA_Oficial.”
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En el comunicado del lunes, la secretaría de la OEA menciona las denuncias de Muyshondt respecto de su proceso judicial, al decir que el exalcalde ha hecho denuncias de violación de garantías del debido proceso, como por ejemplo, “prejuzgamiento del caso por integrantes del Poder Ejecutivo, linchamiento en redes (sociales), convocatoria de militancia política para hacer presión sobre la sede judicial”.
Por otro lado, la secretaría general de la OEA aprovechó su comunicado para airear sus diferencias con el gobierno salvadoreño respecto de la CICIES.
La secretaría dijo que la aprobación de una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales ocasionadas por la pandemia de covid-19 “beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción”.
La secretaría también criticó la decisión de El Salvador de no hacer público el primer informe sobre la efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos para hacer frente a la pandemia.
“En ese informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar,” señaló el comunicado.
Por otro lado, la secretaría criticó “las acciones del gobierno (salvadoreño) encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración” y acusó al gobierno de Bukele de inducir a la CICIES a investigar a políticos de la oposición “exclusivamente”.
“Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del gobierno,” indicó el comunicado.
El viernes, Ricardo Zúñiga, el Enviado Especial del Departamento de Estado estadounidense para el Triángulo Norte, dijo en una llamada con periodistas que “lamentaba” la decisión de El Salvador de suspender el convenio con la CICIES y que Estados Unidos analizaría el tema.
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“La lucha contra la corrupción es realmente una parte esencial a la hora de crear condiciones para que los ciudadanos prosperen,” dijo Zúñiga. “Examinaremos esta decisión y determinaremos la mejor manera en que podemos usar nuestros recursos y nuestro apoyo para apoyar esfuerzos para mejorar la gobernanza en El Salvador.”
