Una de las principales prioridades del mandatario ha sido la lucha contra el despilfarro gubernamental, los fraudes y los contratos con información privilegiada.
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Desde que asumió el cargo a finales de 2018, López Obrador se ha apoyado en Irma Eréndira Sandoval para que dirigiera la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, el lunes anunció que Sandoval regresará a su trabajo de académica, y que Roberto Salcedo, experto en administración pública, la reemplazará en el puesto.
López Obrador señaló que se requieren reformas, pero no especificó cuáles.
“Cumplió cabalmente”, comentó el presidente sobre Sandoval, “pero estamos entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo otras reformas”.
El mandatario ha anunciado planes para tres reformas importantes en el resto de su gobierno, que finaliza en 2024, pero ninguna de ellas tiene que ver con la función pública. Procurará lograr que la Guardia Nacional forme parte del Ejército, consolidar a la Comisión Federal de Electricidad en la posición de monopolio de facto y reducir el tamaño de la legislatura federal de 628 escaños.
Sandoval ha tomado medidas enérgicas contra los contratos que suponen un despilfarro o un sobreprecio, especialmente los relativos a la compra de medicamentos para el sector de salud pública. El gobierno ha centralizado en gran medida esas compras, alegando que los proveedores privados estaban cobrando demasiado. Pero la acción provocó una escasez temporal de algunos medicamentos.
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