La misiva, suscrita por ONG como Amnistía Internacional y Oxfam, colectivos religiosos y departamentos de varias universidades, se dio a conocer apenas horas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la reinstauración de esta política que para los firmantes “impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos' a los solicitantes de protección internacional.
Más de 70,000 migrantes —en su mayoría centroamericanos pero también cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades— fueron devueltos a México por el gobierno de Trump en 2019 para que esperaran sus procesos de asilo en territorio mexicano, una política que decenas de colectivos denunciaron duramente porque dejaba a los migrantes a merced del crimen organizado y en condiciones de vulnerabilidad iguales o mayores a las que había en los países de los que huían.
El presidente Joe Biden suspendió el programa en su primer día de gobierno, el 20 de enero de 2021, y actualmente revisa muchos de los casos de las personas acogidas al mismo.
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Sin embargo, la paralización de la medida fue llevada a los tribunales de Estados Unidos por quienes la defendían, un juez federal en Texas ordenó reimponerla, sus detractores apelaron y el caso acabó en la Corte Suprema, que el martes por la noche se rehusó a bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al gobierno de Biden a reinstaurar el programa.
Las ONG firmantes recordaron que el apoyo de México fue esencial para el funcionamiento del programa durante la época de Trump y afirmaron que es imposible reinstaurar esta política ahora sin la “colaboración activa” de las autoridades mexicanas. Por eso pidieron a México que se oponga a la medida, pues si bien Estados Unidos está sujeto a la decisión de los tribunales, México no.
Al ser consultada al respecto, y antes de la resolución del máximo tribunal de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó a The Associated Press que México “no es parte del proceso judicial referido, el cual trata sobre una medida unilateral”.
“No hemos sido notificados al respecto, ni tenemos alguna comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto, por lo que no podemos emitir un comentario al respecto por el momento”, agregó la cancillería.
La participación del gobierno mexicano en el programa se pactó en diciembre de 2019 y se impulsó a mediados del año siguiente después de que Trump amenazara a México con imponer aranceles si no frenaba el flujo de migrantes hacia su país.
Dicha actuación también ha sido denunciada por ONG ante tribunales mexicanos que todavía no se han pronunciado al respecto.
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