Tras una tensa semana en la que otros tres grupos de migrantes intentaron infructuosamente atravesar el estado sureño de Chiapas donde fueron detenidos y algunos golpeados, unos 500 migrantes, entre centroamericanos y haitianos, salieron la madrugada del sábado de Tapachula con destino hacia Huixtla.
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Ni el temor de correr con la misma suerte que han enfrentado otros grupos durante la semana o el intenso calor contuvo a los centenares de migrantes para abandonar la ciudad cerca de la frontera con Guatemala, donde miles de ellos han vivido en precarias condiciones entre dos y tres años a la espera de que las autoridades migratorias les entreguen los documentos para poder viajar hacia el norte de México y pasar hacia territorio estadounidense.
Horas después de la salida del cuarto grupo, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció en un comunicado que esta madrugada fueron liberados cuatro agentes de ese organismo y siete elementos de la Guardia Nacional que habían permanecido retenidos cinco días en una jaula de madera en un pozo del poblado de Frontera Corozal denominado “El Chikle”, en Chiapas. Las autoridades no precisaron quiénes retuvieron a los funcionarios.
En los días previos, las fuerzas federales han dejado caminar varias horas a los migrantes o incluso todo el día y han aprovechado su cansancio o la lluvia para dispersarlos, generalmente con equipos antidisturbios y, en algunas ocasiones, con uso excesivo de la fuerza.
El gobierno ha insistido en que la golpiza que sufrió el pasado fin de semana un migrante haitiano, que quedó registrada en las cámaras de varios medios, fue un hecho aislado y que ya fueron suspendidos los dos agentes del INM implicados en el hecho.
“No se han violado los derechos humanos de migrantes”, afirmó a mediados de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación de su informe del tercer año de gobierno, agregando que se trató de un “caso excepcional” y que los dos funcionarios implicados en el evento “fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”.
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“El instituto mantiene una migración segura, ordenada y regular, en apego a la Ley de Migración y su reglamento. Asimismo, tiene la obligación de actuar bajo los principios humanitarios y de respeto a los derechos humanos', indicó el viernes el INM en un comunicado en el que defendió las actuaciones del organismo y aseguró que está conformado en su mayoría por personal calificado.
Ante la gran aglomeración de migrantes en el sur del país, que se estima podrían superar las 50,000 personas, y los cada vez más frecuentes casos de grupos que intentan salir caminando por las carreteras y son bloqueados y detenidos por los cuerpos de seguridad, López Obrador expresó esta semana su frustración por las medidas de contención y dijo que le enviaría una misiva a su par estadounidense Joe Biden para insistirle en la necesidad de invertir en planes estatales de desarrollo y atender los problemas económicos y sociales que llevan a miles de personas a migrar a Estados Unidos.
“No es conveniente sólo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, queda cojo”, sostuvo el mandatario al anunciar que le recordaría a Biden su propuesta de extender al llamado Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- los planes estatales “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” que, aseguró, permitirían crear unos 330,000 empleos en seis meses en esos países.
Agencias de las ONU y ONGs han alertado sobre la urgencia de tomar nuevas decisiones para descongestionar el actual sistema de refugio y asilo mexicano.
Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo en una entrevista con The Associated Press que la contención migratoria no es una medida 'que responda a los derechos humanos, a las necesidades de las personas, ni tampoco es una respuesta eficaz” para resolver los flujos migratorios.
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