El juez de distrito Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el Covid-19 para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
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Sullivan concedió un interdicto preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros a nombre de las familias migrantes, y dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.
“El presidente (Joe) Biden debería haber puesto fin a esta política cruel e ilegal hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla hoy”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El gobierno de Biden estaba evaluando el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar.
El Título 42 fue aplicado al comenzar la pandemia, durante el gobierno del presidente Donald Trump, aparentemente para ayudar a controlar la propagación del COVID-19 en instalaciones de detención al devolver a los migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza sin darles una oportunidad de intentar quedarse en Estados Unidos mediante asilo o por alguna otra razón.
Los opositores dicen que no existe un fundamento legítimo de salud pública, ni autoridad legal, para privar a la gente de su derecho a solicitar protección en Estados Unidos de persecuciones padecidas en su patria, y que en esencia es una fachada para aplicar una política migratoria restrictiva.
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El juez dijo en su sentencia que el uso del Título 42 en este caso es “probablemente ilegal” y también innecesario “en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de minimización” para hacer frente a la posible propagación de COVID-19.
Después de que Biden fue elegido, Estados Unidos suspendió la práctica de expulsar a niños que cruzaban la frontera sin un acompañante, luego de reportes de que estaban siendo enviados solos a las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, pero continuó rechazando el ingreso de la mayoría de los otros migrantes.
En meses recientes, México ha empezado a aceptar menos familias migrantes con niños, y Estados Unidos ha estado permitiendo que algunas se queden en el país como lo desean.
En agosto, Estados Unidos usó el Título 42 para expulsar a 16.240 personas que viajaban en grupos familiares y fueron detectadas a lo largo de la frontera suroccidental, según las estadísticas más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
En el mismo mes, se halló a más de 86,000 migrantes con niños a lo largo de la frontera. Los que no son expulsados de inmediato quedan sujetos a las normativas estadounidenses que les permiten intentar obtener la residencia legal luego de haber solicitado asilo a través del sistema de cortes de inmigración.
La cifra total de migrantes detectados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en agosto fue de casi 209,000, un descenso de 2% en comparación con el mes previo, pero aún por encima de períodos recientes de actividad elevada en 2019 y 2014, y se ubicó en niveles no vistos desde el 2000.
Una consecuencia de las expulsiones expeditas es que la gente está efectuando intentos repetidos de ingresar al país ilegalmente. La CBP indicó que 25% de los que encontró en agosto habían sido detenidos al menos en una ocasión el año previo, en comparación con 14% en años anteriores. El gobierno de Biden dijo en julio que comenzaría a intentar enjuiciar a los reincidentes.
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