La orden del juez de distrito Robert Pitman es el primer revés jurídico a la ley de Texas conocida como SB8, que hasta ahora había resistido una oleada de impugnaciones.
En una opinión de 113 páginas, Pitman increpó a Texas por la ley, diciendo que los legisladores republicanos habían “ideado un ardid estatutario sin precedentes y transparente” para negar a las pacientes su derecho constitucional al aborto.
“Desde el momento en que la SB8 entró en vigor, a las mujeres se les ha impedido ilegalmente ejercer el control sobre sus vidas de una forma que está protegida por la Constitución”, escribió Pitman, quien fue nombrado al cargo por el expresidente Barack Obama.
“Si otros tribunales puedan encontrar una forma de evitar esta conclusión es algo que les corresponde a ellos decidir; este tribunal no sancionará ni un día más esta ofensiva privación de un derecho tan importante”.
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Pero incluso con la ley suspendida, los servicios de aborto en Texas podrían no reanudarse de inmediato debido a que los doctores aún temen que puedan enfrentar demandas ante la falta de una decisión jurídica más permanente. Planned Parenthood señaló que esperaba que la orden permita que las clínicas reanuden sus servicios de interrupción del embarazo lo antes posible.
Es previsible que las autoridades del estado intenten revertir rápidamente el fallo a través de la Corte Federal de Apelaciones del 5to. Circuito, la cual permitió previamente que las restricciones entraran en vigor. Funcionarios del estado no comentaron de momento sobre el fallo.
La demanda fue presentada por el gobierno del presidente Joe Biden, el cual ha dicho que las restricciones se promulgaron en desafío a la Constitución.
“Por más de un mes, las texanas se han visto privadas del acceso al aborto debido a una ley anticonstitucional que nunca debió entrar en vigor. El alivio que otorgó la corte el día de hoy debió llegar hace tiempo, y estamos agradecidos de que el Departamento de Justicia actuara rápidamente para conseguirlo”, dijo Alexis McGill Johnson, directora general de Planned Parenthood Federation of America.
La ley, que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó en mayo, prohíbe practicar abortos una vez que se detecte actividad cardíaca en el feto, lo cual sucede por lo general a las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres se hayan enterado siquiera de que están embarazadas. Para hacer respetar la ley, Texas le delegó a la ciudadanía la capacidad de presentar demandas contra los infractores, otorgándoles la posibilidad de recibir una compensación de al menos 10,000 dólares si su caso resulta exitoso.
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El gobierno de Biden argumentó que Texas ha librado una ofensiva en contra del derecho constitucional de la mujer a la interrupción del embarazo. Las restricciones, propuestas por republicanos, entraron en vigor el 1 de septiembre.
Los proveedores de abortos dicen que sus temores se han vuelto realidad en el poco tiempo que la ley ha estado vigente. Planned Parenthood asegura que el número de pacientes en sus clínicas de Texas que acudieron a interrumpir su embarazo se redujo 80% en las dos semanas posteriores a que la medida entró en vigor.
Algunos proveedores han dicho que ahora las clínicas de Texas están en peligro de cerrar, mientras que los estados vecinos pasan apuros para brindar el servicio debido a que ha habido un incremento drástico en el número de pacientes, que ahora deben conducir cientos de kilómetros. Otras mujeres, afirman, se ven obligadas a dar a luz en contra de su voluntad.
