La nicaragüense Yahaira Castaño está aterrorizada. Después de vivir casi dos décadas legalmente en Estados Unidos, de haber escalado en su trabajo y de haber comprado una casa y un automóvil, ahora teme perderlo todo. Y además, ser deportada por los cambios que en un año de gobierno ha realizado el presidente Donald Trump.
“Siento miedo. ¿Qué voy a hacer?”, expresó Yahaira con lágrimas en los ojos al recordar que el gobierno canceló recientemente el estatus que le concedió residencia provisoria y permiso de trabajo desde 1999. “Nos quitaron todo”, dijo la mujer de 43 años.
Al igual que Yahaira, miles de extranjeros que han gozado de un estatus que los protegió temporalmente de la deportación comenzaron a sentir este año los efectos de la política migratoria de Trump. Su gobierno está poniendo fin a resguardos que les concedieron casi los mismos beneficios que a cualquier estadounidense: una residencia legal, permiso de trabajo y licencia de conducir.
Y ante el panorama que representa el 2018 para estos inmigrantes, muchos, como Yahaira, se mentalizan a volver a vivir temerosos en las sombras para poder subsistir sin los derechos de los que gozaron y con la amenaza de ser repatriados.
Para muchos de ellos, esto significa trabajar y manejar sin autorización legal, convivir con un miedo permanente a ser arrestados y repatriados, percibir un salario mínimo en empleos poco calificados, no tener derecho a quejarse por malos tratos laborales ni poder acceder a un seguro de salud, entre otras cosas.
Trump, quien asumió en el poder en enero, prometió una política de inmigración de mano dura.
Las deportaciones de inmigrantes detenidos en territorio estadounidense aumentaron 37% entre enero y septiembre, y los arrestos subieron 40% comparados con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE.
Aunque el presidente prometió focalizarse en inmigrantes que representan un riesgo público o una amenaza a la seguridad nacional, en 2017 también aumentaron 30% las detenciones de personas por violaciones a las leyes de inmigración, la mayor cantidad en los últimos tres años.
Los efectos de sus políticas han llegado incluso a quienes residían legalmente en el país.
Tal es el caso de Yahaira y el mexicano Isaac Montiel, protegido por más de cinco años por un programa del expresidente Barack Obama.
Trump canceló el TPS, un Estatus de Protección Temporal, que amparaba a Yahaira y a unos 5,300 nicaragüenses y casi 59,000 haitianos, que podrían quedar en el limbo cuando venza en los próximos meses su permiso legal de residencia y su autorización de trabajo.
La Casa Blanca, asimismo, puso fin a DACA, el programa que desde 2012 suspendió temporalmente la deportación de Isaac y unos 800,000 jóvenes traídos ilegalmente por sus padres cuando eran niños.
“Es algo muy preocupante, muy difícil para mí”, aseguró Isaac, de 28 años, que pudo escalar posiciones en su trabajo tras obtener DACA, ayudar financieramente a su madre, solicitar una beca y estudiar en el College of Technology de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Para Gregory Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, la política de Trump busca “deportar a cuántas más personas sea posible”, sin considerar si los beneficiarios de DACA y TPS tienen raíces aquí, han abierto negocios, pagan impuestos o contribuyen a la economía de sus países con el envío de remesas.
