Los registros públicos que obtuvo el Georgetown Law Center on Privacy and Technology proporcionaron las primeras evidencias de que el ICE había pedido los documentos, que fueron escaneados por Utah, Vermont y Washington.
Las tres entidades — que ofrecen privilegios de tránsito a inmigrantes que están sin autorización en el país — accedieron a la solicitud del ICE, según los documentos que fueron compartidos el lunes con The Associated Press y reportados en primera instancia por The Washington Post.
“Los estados les pidieron a las personas indocumentadas que salieran de las sombras para obtener sus licencias. Y luego el ICE viene y utiliza esos datos para encontrarlos”, dijo Álvaro Bedoya, director del centro.
Lea: El pasado migrante que Donald Trump desearía borrar de su historia
El portavoz del ICE Matthew Bourke no respondió directamente a las preguntas por escrito, incluyendo si la agencia utilizó los documentos para arrestar o deportar a alguien.
“Durante el transcurso de una investigación, el ICE tiene la facultad de colaborar con agencias locales, federales e internacionales para obtener información que pueda ayudar a cerrar un caso y a las labores de la fiscalía”, dijo Bourke en una respuesta por escrito. “Es un procedimiento establecido que va de acorde con otras agencias del orden”.
Agencias migratorias participaron, aparentemente, en al menos dos casos en Utah y uno más en Washington. Pero la gran mayoría de las solicitudes del ICE en Utah fueron por parte de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional, que tiene participación limitada en el ejercicio de las leyes migratorias.
Los documentos en Vermont y Washington involucraban apenas un puñado de registros. El documento de Utah al que The Associated Press tuvo acceso era un folio con detalles sobre más de 1.800 casos a lo largo de dos años de solicitudes de varias agencias, incluyendo de otros estados, el FBI y el Departamento de Estado.
El uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de las agencias del orden a nivel estatal, federal y local ha ido en aumento en la última década después de que un proyecto piloto del FBI se convirtió en un programa a gran escala.
Una de las principales preocupaciones de los activistas es que la tecnología pueda ser usada por el gobierno de Trump para su batida contra la inmigración.