NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Beneficios financieros, control de territorios, liberación anticipada y el rechazo a su extradición fueron algunas de las negociaciones que vinculan a funcionarios del actual gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele con presuntos líderes de la Mara Salvatruca (MS-13).
Esto, de acuerdo a una acusación a 13 supuestos cabecillas de esa estructura criminal, presentanda por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que se hizo pública en las últimas horas.
El documento, emitido por el Distrito Este de Nueva York desde septiembre de 2022, señala que después de las elecciones presidenciales de 2019, en las que Bukele llegó al poder, líderes de la pandilla MS-13, se reunieron en secreto con funcionarios de gobierno, que actualmente ejercen funciones.
En ese sentido, se menciona al director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, a quien se les acusa de participar de los encuentros “organizadas por el Gobierno de El Salvador y funcionarios penitenciarios”, donde asistían los presuntos pandilleros que se encontraban en libertad.
Entre los supuestos líderes se señala a Borromeo Enrique Henríquez, alias “diablito de Hollywood”, Elmer Canales Rivera, alias “ladrón de Hollywood” y Carlos Tiberino Ramírez Valladares, apodado “Snyder de Pasadena”.
El escrito revela que se reunieron en los penales de Zacatecoluca y en el penal de Izalco, así como en otros lugares.
De acuerdo a la acusación norteámericana, las negociaciones de los presuntos líderes de la MS-13 con el gobierno de El Salvador permitieron a la pandilla “un alto nivel de beneficios” dentro del centro penitenciario.
“Como parte de estas negociaciones secretas, la Ranfla Nacional, la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales negociaron con oficiales de gobierno de alto nivel para beneficios financieros, control de territorios y condiciones menos restrictivas en las prisiones que les garantizaran a los líderes de la MS-13 mejor comunicación”, se revela.
Además denuncia que la Ranfla Nacional (jefes máximos de la MS-13) exigió que el Gobierno de El Salvador “se negara a extraditar a los líderes de la MS-13”.
Todo esto a cambio que la estructura criminal acordara “reducir el número de asesinatos públicos” para supuestamente mejorar las políticas del gobierno de Bukele.
“Oficiales de prisiones también facilitaron el traslado temporal de líderes de la MS-13 a hospitales para tratamiento por problemas de salud no existentes”, y así facilitó que se comunicaran con “la Ranfla en la calle”, era otra de las acciones que presuntamente entraban en las negociaciones con funcionarios.
El documento que consta de 42 páginas, también culpa al gobierno de El Salvador, luego que en 2021, el Departamento de Justicia de EEUU solicitara la extradición de “Crook”, se procedió a liberar a Canales-Rivera de custodia, a pesar de la notificación roja de Interpol y de la solicitud de extradición.
¿Cómo entraban los pandilleros a las reuniones?
Según la acusación, los representantes que asistían en secreto a estas reuniones en las prisiones, a menudo usaban máscaras y se negaban a identificarse al entrar en las cárceles, violentando así las normas penitenciarias establecidas.
Los líderes de la MS-13 también usaron máscaras y camisas de manga larga para ocultar sus tatuajes e identidades.
Presuntamente les facilitaron tarjetas de identificación para hacerse pasar por oficiales de inteligencia o de aplicación de la ley, y fueron escoltados por funcionarios penitenciarios salvadoreños.
Para las coordinaciones, Estados Unidos acusa a Jorge Alexander de la Cruz “Cruger de Peatonales” y Carlos Tiberio Ramírez Valladares “ Snayder de Pasadena”.
En ese sentido, De la Cruz tuvo mucho protagonismo en las reuniones y era quien coordinaba los esfuerzos de la MS-13 líderes y miembros fuera de la prisión que eran parte de las negociaciones.
El liderazgo de La Cruz era notorio porque daba las instrucciones en nombre de la Ranfla Nacional y lideres de la MS-13 desde el exterior de la prisión.
La complicidad de los funcionarios de las prisiones radicó en que se facilitaran el traslado de presuntos líderes de la MS-13, incluidos Henríquez, a hospitales para “tratamientos” sin presentan condiciones médicas que lo ameritaban y otros privilegios dentro de los centros penitenciarios
Estos privilegios concedidos por los funcionarios del gobierno de Bukele a la Ranfla Nacional facilitó que estas estructuras criminales, entraran y salieran de prisión y hasta escoltados, señala la acusación.
Hasta el momento, ni el presidente Nayib Bukele, ni el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, se han pronunciado ante los señalamientos del Departamento de Justicia de EEUU.
