San Francisco, Estados Unidos
En otra muestra de las tensiones entre el gobierno del presidente Donald Trump y California, el máximo funcionario de inmigración de Estados Unidos dijo el viernes que su agencia “no tendrá más remedio” que arrestar a los inmigrantes que viven sin permiso en el país en vecindarios o lugares de trabajo del estado.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) posiblemente también tendrá enviar a los inmigrantes arrestados en California a centros de detención fuera del estado, afirmó su director interino, Thomas Homan, en un comunicado.
El gobernador Jerry Brown promulgó la víspera la iniciativa SB54, una medida para convertir a California en estado santuario.
A partir del 1 de enero, la policía tendrá prohibido preguntar a las personas su condición migratoria o participar en operaciones federales de inmigración. Las autoridades carcelarias podrán entregar presos a los agentes federales de inmigración solo si los reclusos fueron condenados por ciertos delitos.
“La SB54 ayuda a escudar a los extranjeros deportables de los agentes de inmigración y crea un nuevo magneto que atraerá más inmigración ilegal, todo en detrimento de la seguridad de las mismas personas que pretende salvaguardar”, advirtió Homan.
Los agentes federales de inmigración ya han efectuado redadas de inmigrantes en ciudades santuario y transferido a muchos detenidos a instalaciones fuera del estado.
En su comunicado sobre la firma de la iniciativa, Brown subrayó que el proyecto de ley no impide las operaciones del ICE en California. El despacho del gobernador declinó hacer comentarios sobre el comunicado del ICE del viernes.
“Están en libertad de utilizar sus propios recursos considerables para hacer valer la ley federal de inmigración en California”, escribió Brown.
El presidente interino del Senado estatal, el demócrata Kevin de Leon, que apoyó la medida, dijo que el comunicado de Homan “ejemplifica que infundir el miedo y propalar la mentira guían al gobierno”.
“El gobierno de Trump nuevamente profiere amenazas excesivas contra California porque no los ayudaremos a destrozar familias ni nuestra economía en el proceso”, señaló de Leon en un comunicado.
Los legisladores demócratas en California han puesto obstáculos al compromiso de campaña de Trump de incrementar las deportaciones. También aprobaron canalizar recursos a la asistencia jurídica y becas universitarias para las personas que viven sin autorización en Estados Unidos, y han dificultado a las empresas y agencias gubernamentales revelar la condición migratoria de inmigrantes.
Como candidato presidencial en 2015, Trump llamó la atención por primera vez sobre las ciudades santuario después de que un mexicano al que habían deportado en cinco ocasiones mató a Kate Steinle en un muelle en San Francisco con un arma de fuego.
Trump mencionó el caso en muchas ocasiones en diversos actos de campaña como una de las razones para endurecer las políticas de inmigración. El incidente ha sido señalado con frecuencia en el debate sobre inmigración.
El mandatario ha amenazado con retener fondos federales a las ciudades santuario, muchas de las cuales presentaron demandas para impedirlo. En California viven unos 2,3 millones de inmigrantes no autorizados.
En otra muestra de las tensiones entre el gobierno del presidente Donald Trump y California, el máximo funcionario de inmigración de Estados Unidos dijo el viernes que su agencia “no tendrá más remedio” que arrestar a los inmigrantes que viven sin permiso en el país en vecindarios o lugares de trabajo del estado.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) posiblemente también tendrá enviar a los inmigrantes arrestados en California a centros de detención fuera del estado, afirmó su director interino, Thomas Homan, en un comunicado.
El gobernador Jerry Brown promulgó la víspera la iniciativa SB54, una medida para convertir a California en estado santuario.
A partir del 1 de enero, la policía tendrá prohibido preguntar a las personas su condición migratoria o participar en operaciones federales de inmigración. Las autoridades carcelarias podrán entregar presos a los agentes federales de inmigración solo si los reclusos fueron condenados por ciertos delitos.
“La SB54 ayuda a escudar a los extranjeros deportables de los agentes de inmigración y crea un nuevo magneto que atraerá más inmigración ilegal, todo en detrimento de la seguridad de las mismas personas que pretende salvaguardar”, advirtió Homan.
Los agentes federales de inmigración ya han efectuado redadas de inmigrantes en ciudades santuario y transferido a muchos detenidos a instalaciones fuera del estado.
En su comunicado sobre la firma de la iniciativa, Brown subrayó que el proyecto de ley no impide las operaciones del ICE en California. El despacho del gobernador declinó hacer comentarios sobre el comunicado del ICE del viernes.
“Están en libertad de utilizar sus propios recursos considerables para hacer valer la ley federal de inmigración en California”, escribió Brown.
El presidente interino del Senado estatal, el demócrata Kevin de Leon, que apoyó la medida, dijo que el comunicado de Homan “ejemplifica que infundir el miedo y propalar la mentira guían al gobierno”.
“El gobierno de Trump nuevamente profiere amenazas excesivas contra California porque no los ayudaremos a destrozar familias ni nuestra economía en el proceso”, señaló de Leon en un comunicado.
Los legisladores demócratas en California han puesto obstáculos al compromiso de campaña de Trump de incrementar las deportaciones. También aprobaron canalizar recursos a la asistencia jurídica y becas universitarias para las personas que viven sin autorización en Estados Unidos, y han dificultado a las empresas y agencias gubernamentales revelar la condición migratoria de inmigrantes.
Como candidato presidencial en 2015, Trump llamó la atención por primera vez sobre las ciudades santuario después de que un mexicano al que habían deportado en cinco ocasiones mató a Kate Steinle en un muelle en San Francisco con un arma de fuego.
Trump mencionó el caso en muchas ocasiones en diversos actos de campaña como una de las razones para endurecer las políticas de inmigración. El incidente ha sido señalado con frecuencia en el debate sobre inmigración.
El mandatario ha amenazado con retener fondos federales a las ciudades santuario, muchas de las cuales presentaron demandas para impedirlo. En California viven unos 2,3 millones de inmigrantes no autorizados.
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