La apelación del secretario del condado Erie, Michael Kearns, presentada el lunes en una corte federal, pide una orden judicial que bloquee la ley mientras se evalúa su constitucionalidad.
Sus homólogos de otros condados del norte del estado han dicho tener preocupaciones parecidas sobre la ley, y los secretarios en Rensselaer, Niagara y Allegany han dicho al igual que Erie que no acatarán la ley.
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La demanda nombra al gobernador Andrew Cuomo y la procuradora general del estado Letitia James, ambos demócratas, como acusados en su papel de funcionarios, junto con el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.
Otros 12 estados tienen leyes parecidas, que -de acuerdo con simpatizantes- permiten que dichos inmigrantes trabajen, críen a sus hijos y tengan una vida llevadera. La medida fue aprobada el mes pasado por la legislatura controlada por demócratas y fue promulgada a la brevedad por Cuomo.
Kearns, un demócrata, argumenta que la ley es inconstitucional y obliga a las secretarías de condados a violar su juramento oficial al otorgar licencias a inmigrantes que han quebrantado las leyes migratorias. Kearns dijo el mes pasado que los trabajadores de las oficinas de vehículos motorizados en el área de Buffalo no emitirán licencias de conducir a quienes vivan en el país sin autorización y en vez de eso enviarán a los solicitantes a una oficina administrada directamente por el estado ubicada en Syracuse, a más de dos horas de distancia en auto.
Kearns dijo que los secretarios que ignoren la nueva ley en favor de la ley federal podrían estar en peligro de ser despedidos por el gobernador.
'Si seguimos la ley federal, nos podrían despedir', dijo. 'Pero la ley estatal tiene problemas constitucionales y conflictos con la ley federal. Realmente nos pone entre la espada y la pared'.
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