La sala Constitucional de la CSJ declara en un fallo que 'es constitucional' el decreto legislativo 620, aprobado el 1 de abril, que establece la 'obligación' del gobierno de determinar los mecanismos para otorgar un seguro de vida a los profesionales de la salud.
El presidente Bukele, al vetar el decreto 620 argumentó que era 'incompatible' con el principio de equilibrio presupuestario porque obligaba al Estado erogar recursos del gasto corriente, sin haber identificado una fuente de financiamiento.
La Corte resolvió que el monto y la fuente de financiamiento de los fondos para el seguro deben consignarse en el presupuesto general de la nación y no en el decreto legislativo que vetó Bukele.
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También el fallo establece que tres artículos del decreto 620 que responsabilizan al Ejecutivo por la salud del personal médico, de su capacitación, y de proporcionales 'equipos de protección adecuados' para atender a los contagiados de covid-19, 'son constitucionales' y no interfieren en las políticas gubernamentales de salud.
En ese sentido, el fallo de la CSJ recuerda que 'la competencia para legislar que corresponde a la Asamblea Legislativa, no interfiere ni es excluyente con la competencia del órgano Ejecutivo para formular la Política Nacional de Salud ni obstaculiza su facultad normativa'.
Ante el fallo de la Corte, los ministros de Salud, Francisco Alabí, y de Hacienda, Nelson Fuentes, se presentaron al recinto legislativo para solicitar 3 millones de dólares para el seguro de vida.
'Con este refuerzo se va a lograr dar el seguro de vida a todo el personal de primera línea' del ministerio de Salud, explicó Alabí al pedir la asignación de fondos.
