Estados Unidos
Los jóvenes inmigrantes a los que se les concedió una suspensión en sus deportaciones no pueden matricularse en las universidades con el pago de una cuota similar a la de los residentes permanentes del estado, falló el martes la Corte de Apelaciones de Arizona.
Los jóvenes inmigrantes a los que se les concedió una suspensión en sus deportaciones no pueden matricularse en las universidades con el pago de una cuota similar a la de los residentes permanentes del estado, falló el martes la Corte de Apelaciones de Arizona.
La decisión de un panel de tres jueces revierte un fallo del 2015, cuando un juez dijo que los beneficiarios del programa federal Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), establecido por el expresidente Barack Obama en 2012, eran considerados personas con presencia legal en Estados Unidos bajo las leyes federales de inmigración y, por lo tanto, cumplían los requisitos para recibir las prestaciones que otorga el estado.
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En vez de eso, el juez Kenton Jones escribió en nombre de la corte que el DACA no les confiere ese estatus.
La decisión del tribunal coloca a Arizona en dirección opuesta a una tendencia en el país en la que se promueven gestiones para otorgar subsidios de matrículas a inmigrantes que carecen de permiso de residencia. Estos esfuerzos incluso se han dado en estados dominados por los republicanos como Oklahoma, Tennessee y Nebraska.
Recientemente Tennessee se convirtió en el vigésimo primer estado en hacerlo, con apoyo de los legisladores de ambos partidos, los cuales dijeron que no tenía sentido castigar a estudiantes traídos por sus padres a Estados Unidos de manera ilegal.
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Jones dijo que las leyes federales de inmigración incluyen a algunos grupos _como por ejemplo los residentes legales permanentes, los refugiados o las personas con estatus especial porque sus cónyugues las golpearon_ que son considerados personas con 'presencia legal', pero que los estudiantes afiliados al DACA no están entre esos grupos.
Si bien estos jóvenes reciben permisos para trabajar y sus deportaciones son postergadas a través del DACA, la ley establece que cada estado decide las prestaciones opcionales para ellos.
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“Así, concluimos que los beneficiarios del DACA no cumplen automáticamente con los requisitos para recibir prestaciones que les permitan matricularse a un costo similar al de los residentes legales del estado, sino que más bien deben examinar las cláusulas reglamentarias de Arizona relacionadas con los requisitos que los extranjeros necesitan cumplir para hacerse acreedores a dichas prestaciones”, escribió Jones.
