Los más de 35,000 mexicanos que fueron asesinados el año pasado —el número más alto del que se tenga registro— supusieron un reto a la ambiciosa agenda del mandatario pero el ataque del viernes supuso un paso más allá.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, estuvo cerca de sumarse el viernes a la cifra de homicidios de este año después de que más de una decena de hombres armados llevaran a cabo al amanecer un plan cuidadosamente coordinado para atacar su vehículo blindado con granadas, fusiles semiautomáticos y un fusil calibre .50 en una de las principales avenidas de la capital mexicana. García sobrevivió con tres heridas de bala y en cuestión de horas culpó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del intento de asesinato en que murieron dos de sus escoltas y una transeúnte.
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El atentado se produjo menos de dos semanas después del ataque contra un juez federal y su esposa, quienes fueron abatidos en su casa, en el estado occidental de Colima. Las autoridades sospechan que el CJNG también está detrás de ese doble asesinato.
“El cártel le declaró la guerra al gobierno de López Obrador”, afirmó Samuel González, analista de seguridad y extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El presidente “no tiene otra opción que ir contra ellos”, señaló González, que no descartó que los ataques contra funcionarios gubernamentales de alto rango continúen.
La respuesta de López Obrador al mensaje lanzado por el cártel no tardó el llegar.
“No vamos a declararle la guerra a nadie”, reiteró el sábado por la tarde en un video difundido a través de sus redes sociales. “No vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a evitar que se comentan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como se hacía antes”.
Para ello, subrayó que la clave, además de la coordinación y la perseverancia, son los servicios de inteligencia.
'Antes se utilizaba el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) para espiar a los opositores. Eso ya se terminó, ahora se tiene un centro de inteligencia para prevenir, y por eso se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves de estos atentados”.
Sin embargo, el año pasado esta inteligencia mostró algunos problemas. En octubre, un operativo para capturar al hijo del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa, resultó en todo un fiasco y acabó con la liberación del joven narcotraficante después de que los miembros del cártel aterrorizaran y sitiaran la ciudad por unas horas.
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Ante quienes criticaron que esa actuación fue un símbolo de debilidad, el presidente respondió que no estaba dispuesto a emprender otra guerra contra el narcotráfico como la que hicieron sus antecesores, y recientemente dijo que fue él mismo quien ordenó la liberación del capo para evitar un mayor derramamiento de sangre.
“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, señaló en ese entonces y pidió un año más para cambiar por completo las cosas.
Ocho meses después, la pacificación no llega.
El 17 de junio, Raúl Rodríguez, columnista de El Universal —uno de los diarios más grandes de México— escribió que funcionarios de inteligencia mexicanos habían interceptado una conversación entre los operadores del cártel de Jalisco en la que quedó claro que planeaban atacar a alguien importante de la capital.
Rodríguez escribió que dos funcionarios de seguridad no identificados habían confirmado la información y que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) había confirmado la autenticidad de esa conversación. No se dieron a conocer nombres, pero los analistas determinaron que los cuatro posibles blancos eran tres miembros del gabinete de López Obrador y García.
“Es una forma en la que los mafiosos se comunican con los estados para decirles, ‘me tocas y te vamos a asesinar a los funcionarios más importantes’”, aseveró Edgardo Buscaglia, experto de crimen organizado en la Universidad de Columbia. “Cuando esto ocurre, la delincuencia organizada entiende que el Estado está tomando medidas que les van a dañar su negocio y comienzan a asesinar a miembros de la élite política”, añadió.
Hace unas semanas, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, anunció la congelación de casi 2.000 cuentas que se cree son utilizadas por el CJNG, una acción que resultó del trabajo conjunto con la DEA. Nieto fue mencionado como uno de los posibles blancos del cártel dentro del gabinete.
El experto subrayó que si bien hay cerca de una decena de extradiciones pendientes que el cártel pretende impedir, el gobierno no debería ceder y tendría que seguir ejerciendo presión a la delincuencia, además de ofrecer una mayor protección a sus funcionarios en riesgo, incluido López Obrador —quien sigue viajando en vuelos comerciales y con poca seguridad.
El sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, elogió la rápida respuesta de la policía el viernes y compartió una foto de un sonriente García Harfuch en el hospital. Según dijo tiene“más energía que nunca”.
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Desde el ataque, agregó Sheinbaum, las autoridades han realizado 19 detenciones, incluida la del supuesto autor intelectual del incidente. Posteriormente, Ulises Lara, vocero de la fiscalía capitalina dijo que entre el armamento decomisado en los operativos había 34 fusiles, un lanzagranadas y cinco fusiles calibre .50.
Para Samuel García, estas detenciones y la rápida actuación de la policía demuestran que sí funcionó el centro de comando y vigilancia de la capital, el C5, aunque indicó que hubo fallos en la prevención.
La estrategia de seguridad de México —que es cuestionada en torno a si es lo suficientemente coherente para merecer ese nombre— se parece poco al eslogan.
La alta tasa de homicidios del año pasado y la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19 son un claro desafío a la estrategia del gobierno de atajar las causas profundas de la violencia a medida que más mexicanos sean empujados a la pobreza.
“Todo lo que está implementado ahora no es una estrategia de seguridad coherente e integrada, sino que depende casi exclusivamente de la fuerza, específicamente de la fuerza militarizada”, dijo Franko Ernst, principal analista de la organización International Crisis Group quien recordó que desde el mes pasado, el gobierno decretó que el ejército seguirá realizando tareas policiales.
Para este analista, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, “se ha establecido de manera contundente como el inevitable enemigo público de la Cuarta Transformación” _término que López Obrador utiliza para su gobierno_, pero una creciente presión militar sobre el cártel, que ya ha sufrido disputas internas, podría provocar nuevas y peligrosas divisiones, como ocurrió con otros grupos en el pasado.
“Simplemente va tener que impulsar otras políticas de seguridad más integradas y más sólidas en el futuro”, puntualizó Ernst.
“Tenemos miedo porque somos seres humanos', reconoció el sábado el presidente en su mensaje grabado. 'Pero hay algo, una diferencia importante, no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia, con rectitud llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor”.
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