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Brasil crea Ministerio de Seguridad Pública, tras intervención de Rio

La iniciativa se produce diez días después de la intervención del área de seguridad del estado de Río de Janeiro, que estará en manos de las fuerzas armadas

26.02.2018

Río de Janeiro, Brasil
El gobierno brasileño anunció este lunes la creación de un Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública para coordinar acciones contra el crimen organizado, que desbordó la capacidad de acción de las policías en varios estados.

La iniciativa se produce diez días después de la intervención del área de seguridad del estado de Río de Janeiro, que estará en manos de las fuerzas armadas.

'La cartera de Seguridad Pública coordinará y promoverá la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en asociación con los entes federativos', dijo el portavoz de la presidencia, Alexandre Parola.

Los entes federativos son los estados y municipios, al mando de los principales cuerpos policiales del país.

El mandatario conservador Michel Temer escogió al actual ministro de Defensa, Raul Jungmann, como jefe de la nueva cartera, dejando en manos del general del ejército Joaquin Silva e Luna la conducción del ministerio de Defensa.

Es la primera vez que un militar estará al frente de esta cartera, creada en 1999.

El gobierno busca dar una respuesta federal a la creciente ola de criminalidad que se expande por Brasil de la mano del narcotráfico y de las poderosas mafias carcelarias.

'Este ministerio va a realizar reuniones permanentes con gobernadores y secretarios de seguridad', dijo Temer el viernes en una entrevista con Radio Bandeirantes. 'Coordinará el área de inteligencia porque no basta colocar policías armados en las calles, es necesario desbaratar al crimen organizado', agregó.

En la misma línea, Jungmann había señalado el año pasado que el crimen transnacional estaba desafiando a las instituciones del Estado y que el sistema de seguridad de Brasil era 'fallido'.

Pese a la sucesión de anuncios, el gobierno no ha detallado el alcance de las medidas, criticadas por varios especialistas por su supuesta improvisación y por los riesgos que presenta para algunas garantías constitucionales.

La semana pasada, unos 3.200 militares que ya estaban desplegados en Rio de Janeiro desde julio de 2017 realizaron una polémica operación en la que fotografiaron a habitantes de favelas en busca de antecedentes delictivos.

Entretanto, las masacres en prisiones y los asesinatos múltiples por el control del tráfico de drogas no ha cedido.

El 2018 empezó con una matanza de nueve presos en un penal de Goiás (centro), como parte de la guerra narco que se libra dentro y fuera de los muros carcelarios.

En febrero, 18 personas fueron tomadas como rehenes durante un motín en un presidio de Río -finalmente fueron liberadas- y casi en simultáneo apareció sin vida un presunto jefe del temible Primer Comando Capital (PCC), la mayor facción dedicada al negocio de las drogas en el país.

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