SAO PAULO, BRASIL.- Las alertas de nuevas explotaciones de minería ilegal en la reserva indígena yanomami, en el norte de Brasil, se interrumpieron durante más de un mes por primera vez desde el inicio del monitoreo, en medio de un operativo gubernamental contra las invasiones.
“Es la primera vez, desde el inicio del monitoreo, en agosto de 2020, que se observa la ausencia de alertas de explotaciones mineras ilegales por un periodo tan largo de tiempo”, informó en un comunicado la Policía Federal (PF).
El resultado sin precedentes en la mayor reserva indígena del país surge de los monitoreos satelitales, que detectaron el 6 de mayo pasado por última vez una alerta de explotación en una nueva área.
Desde entonces, hasta el 8 de junio, no hubo nuevos registros en esos controles diarios, detalló la PF.
Se trata de una reducción “drástica” del surgimiento de nuevas áreas de actividad ilegal en la región, donde hubo 538 alertas entre abril y mayo de 2022, contra 33 en el mismo periodo de este año.
La reserva alberga a unos 30.400 indígenas, en el estado de Roraima, y se encuentra desde hace años en una situación crítica, debido principalmente a las invasiones de los buscadores de oro.
Los indígenas los acusan de violar y asesinar a miembros de su comunidad, mientras los privan de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, al contaminar los ríos con mercurio.
Desde febrero, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ascendió al poder con la promesa de defender los derechos indígenas y el medio ambiente, montó una operación en la reserva para desalojar a los mineros.
Muchos de ellos se han retirado y otros han enfrentado a las fuerzas de seguridad y aún resisten.
Según la PF, la denominada “Operación Liberación” -integrada por la policía, las fuerzas armadas, y organismos gubernamentales de protección del medio ambiente-, desarrolla más de 80 investigaciones sobre delitos en el área, desde lavado de dinero y minería ilegal a tráfico de personas.
Tras la fase inicial, el operativo se enfocará ahora en capturar a los “delincuentes” que se negaron a abandonar las tierras voluntariamente, indicó la Policía.
Asimismo, se ocuparán las áreas liberadas dentro de la reserva y se establecerán servicios básicos para los indígenas yanomami, una población gravemente golpeada por la desnutrición infantil.
