Corte Internacional de Justicia dirime disputas limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua

Dos disputas fronterizas que deterioraron gravemente las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua serán resueltas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cuyas decisiones serán finales e inapelables.

El primero de los casos se refiere a una demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 contra su vecino del norte por la ocupación militar de un pequeño territorio en el extremo este de la frontera, en la costa del Caribe, conocido como isla Portillo o isla Calero. Nicaragua lo conoce como Harbour Head Lagoon.

El segundo es una demanda planteada por Nicaragua en 2011 alegando que Costa Rica causó daños ambientales en el fronterizo río San Juan con la construcción de una carretera paralela al cauce.

El estallido de los conflictos generó tensión en las relaciones bilaterales, que se mantienen un nivel mínimo de contacto.

La CIJ analiza estas dos causas en un único expediente, mientras que aparte tramita una petición de Costa Rica para que defina los límites marítimos entre ambos países, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

Para el fallo de esta tercera causa no se ha anunciado ninguna fecha.

En un comunicado, la Corte, máxima instancia judicial de la ONU, destacó que sus fallos 'tienen fuerza vinculante y son inapelables para las partes concernidas'.

Según el canciller costarricense, Manuel González, el principal punto que debe resolver la CIJ en el primer caso es a que país le pertenece el pequeño territorio de isla Portillo, un humedal de 2.6 km2 en la desembocadura del río San Juan.

Dos decisiones

Para el nicaragüense Mauricio Herdocia, especialista en derecho internacional, es difícil que la Corte le dé completamente la razón a alguno de los dos países en este punto.

'Es difícil que se le dé la razón a Nicaragua totalmente, en el sentido que la línea fronteriza se traza a partir del primer caño (...), o que se le dé toda la razón a Costa Rica, pues la laguna (del área en disputa) quedaría enclavada en territorio costarricense lo cual no es un resultado lógico', expresó.

'Tal vez la Corte se pueda sentir tentada a buscar una salida distinta de reconocer un caño en forma de 'Y', partiendo en dos las pretensiones de las partes y le da la mitad del territorio en disputa a cada uno', opinó Herdocia.

El canciller González acotó en un artículo de opinión publicado en el diario costarricense La Nación que su país también pretende que la CIJ declare que Nicaragua causó daño ambiental en la zona en disputa con el dragado del río San Juan y la construcción de canales para desviar su curso.

'Costa Rica no se opone a que Nicaragua lleve a cabo obras de mejora en el río San Juan, (pero) no se pueden efectuar si causan daño al territorio costarricense', escribió González.

En el segundo caso, por la construcción de la carretera de Costa Rica, Herdocia anticipó que el fallo podría favorecer a Nicaragua en el sentido que 'Costa Rica ya ha reconocido que no va a causar daños y prevenirlos en cada caso'.

Para el especialista, la resolución de los conflictos 'debería ser aprovechada por los dos países para restablecer la comisión binacional para que los conflictos se resuelvan allí antes de ir a los foros internacionales, si no vamos a seguir de conflicto en conflicto'.

La Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua fue creada en 1991 bajo el mando de los dos presidentes, pero dejó de funcionar con el estallido de disputas fronterizas.
A la presentación formal del acuerdo asistirán este martes representantes de las víctimas, según anticiparon las partes.

En Bogotá, la ONU consideró que el trato sobre víctimas representa el 'paso más importante' dado por el gobierno y los rebeldes en el proceso de paz.

'Sabemos que el tema de víctimas es el más complejo, el que más ha despertado diferentes puntos de vista dentro de Colombia, el que más ha generado polarización. Poder superar esto, a través de un acuerdo, sería algo muy grande, algo maravilloso', dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU en Colombia.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos que pactaron: el problema agrario, las drogas ilegales, la participación política de los guerrilleros y ahora el de justicia y víctimas.

Quedan por definir los temas relacionados con el desarme de la guerrilla y el mecanismo para la refrendación de los acuerdos. La guerrilla izquierdista y el gobierno se comprometieron a firmar la paz antes del 23 de marzo de 2016.