El tribunal, donde seis de los nueve magistrados son conservadores, parecía dividido este martes durante el debate.
Se trata de casos de migrantes que fueron deportados previamente de Estados Unidos pero regresaron tras sufrir persecución o tortura en sus países de origen y a su vuelta entraron ilegalmente y fueron arrestados y retenidos de nuevo, afirma la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Uno de ellos, Arturo Martínez, fue secuestrado por policías después de ser deportado a México, torturado y retenido para pedir el pago de un rescate. Y otro, Eduardo Gutiérrez, fue torturado por pandilleros por su orientación sexual, añadió la oenegé.
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A su regreso a Estados Unidos, estos dos querellantes y otros fueron evaluados por un oficial de asilo que determinó que actuaban de buena fe y se decidió que quedaran a la espera de un proceso judicial para estudiar su situación, detalló la ACLU.
Pero debido a la acumulación de demandas en los tribunales 'los casos pueden tardar años en concluir, lo que significa que las personas son detenidas de forma rutinaria durante períodos de tiempo extremadamente largos', explicó la organización.
Después de pasarse meses sin respuesta, pidieron acudir a un juez de inmigración para que determinara si constituían un peligro de fuga o para la comunidad y, en caso contrario, les concediera la libertad bajo fianza, lo cual les fue denegado.
Entonces decidieron ir a juicio. Dos tribunales federales de apelación dictaminaron en 2019 que después de seis meses de detención los inmigrantes tenían derecho a una vista judicial.
El gobierno del expresidente republicano Donald Trump, quien convirtió la lucha contra la inmigración irregular es una de las prioridades de su presidencia, solicitó entonces a la Corte Suprema que revocara estas sentencias.
En 2021 el gobierno de su sucesor, el demócrata Joe Biden, siguió la lucha emprendida por Trump.
- 'Consecuencias mortales' -
Los tribunales de apelación 'se equivocaron' porque nada en la ley 'hace referencia a un límite de seis meses, a vistas judiciales de puesta en libertad bajo fianza ni a jueces migratorios', alegó su representante en un alegato transmitido a la corte.Stephen G. Breyer, uno de los magistrados liberales de la Corte Suprema, se preguntó este martes: 'Dada la historia de esta nación (...) si vas a detener a una persona, ni siquiera a un criminal, durante meses, meses y meses ¿por qué no tienen al menos derecho a una vista para fijar una fianza? Esto es lo que está en cuestión'.
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Matt Adams, abogado de Northwest Inmigrant Rights Project declaró a la AFP que este caso demuestra 'lo difícil que es para una nueva administración cambiar las posiciones de las agencias (institucionales), a menos que sea una prioridad máxima', y en este supuesto el gobierno de Biden 'ha cedido a la presión institucional para mantener la línea'.
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'La administración Biden está claramente del lado equivocado en esta batalla', critica ACLU, que insiste en que negar la puesta en libertad bajo fianza puede tener 'consecuencias mortales (...) especialmente durante la pandemia de covid-19'.
Matt Adams confía en las demandas colectivas para hacer avanzar las cosas porque, según afirma a la AFP, 'con demasiada frecuencia no se pueden cuestionar las políticas de detención a través de casos individuales debido a que la persona es deportada o liberada antes de que el caso avance a través del largo proceso judicial'.
En Estados Unidos la ley fija 90 días como plazo para hacer cumplir una orden de expulsión, pero en algunos casos permite ir más allá.
En el año fiscal de 2021, los migrantes estuvieron retenidos una media de 45,7 días, según estadísticas oficiales. 'Pero esta cifra incluye todos los casos, incluidos los de personas que no impugnan su traslado (...) y también otros tipos de detención', afirma a la AFP David Colker, de ACLU.
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