Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco avaló por decisión dividida el fallo de una corte menor que impidió que el gobierno usara fondos del Departamento de Defensa destinados a la lucha contra las drogas para construir secciones prioritarias de muro en Arizona y Nuevo México.
La decisión representa un revés para los ambiciosos planes de Trump. El mandatario puso fin a un cierre parcial de gobierno de 35 días en febrero después de que el Congreso le asignara un presupuesto fronterizo mucho menor al que solicitó. Fue entonces que declaró una emergencia nacional que, de acuerdo con la Casa Blanca, le permitiría usar miles de millones de dólares del Pentágono.
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El caso aún podría ser considerado en las cortes, pero el gobierno no puede realizar la construcción con esos fondos mientras se dirime la impugnación legal.
La prohibición impuesta en mayo por el juez federal de distrito Haywood Gilliam Jr., de Oakland, evitó las labores contempladas en dos contratos del muro con fondos del Pentágono: uno que abarcaría 74 kilómetros (46 millas) en Nuevo México, y otro de 8 kilómetros (5 millas) en Yuma, Arizona.
Aunque la orden era aplicable únicamente a esos dos proyectos prioritarios, Gilliam dejó en claro que sentía que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y otros grupos posiblemente prevalecerían en un juicio con su argumento de que el presidente hacía caso omiso a los deseos del Congreso a desviar fondos del Departamento de Defensa.
“El control ‘absoluto’ del Congreso sobre los gastos federales — incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos del Ejecutivo respecto a iniciativas que considera importantes — no es una falla en nuestro sistema constitucional. Es una característica del sistema, y es esencial”, escribió el juez.
Gilliam fue aún más lejos el viernes al fallar de forma definitiva que el gobierno no puede usar fondos del Pentágono destinados a la lucha contra el narcotráfico para los dos proyectos mencionados en la orden que emitió en mayo ni para reemplazar un tramo de 101 kilómetros (63 millas) en el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza en Arizona ni uno de 24 kilómetros (15 millas) en el sector de la dependencia en El Centro, California.
Inmediatamente, Trump prometió apelar el fallo.
En juego hay miles de millones de dólares que le habrían permitido a Trump avanzar en su principal promesa electoral de 2016 de cara al inicio de su campaña de reelección.
Trump declaró una emergencia nacional después de perder un enfrentamiento con la Cámara de Representantes, dominada por demócratas, que derivó en un cierre parcial de gobierno por 35 días.
El Congreso acordó invertir casi 1.400 millones de dólares en la construcción de barreras en el Valle del Río Grande, Texas, la región que registra la mayor cantidad de cruces fronterizos ilegales, una cantidad mucho menor a los 5.700 millones de dólares que había solicitado el presidente.
El mandatario aceptó el dinero a regañadientes pero declaró una emergencia nacional para canalizar fondos de otras cuentas del gobierno, recaudando cerca de 8.100 millones de dólares para la construcción del muro. La cifra incluye 3.600 millones de los fondos de construcción militar, 2.500 millones de la unidad de actividades contra el narcotráfico del Departamento de Defensa y 600 millones del fondo de bienes confiscados del Departamento del Tesoro
