El estado lo entregó posteriormente al servicio de inmigración.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes usan su caso para promover una legislación que prohibiría a las prisiones estatales transferir reos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE).
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Keola fue liberado por el ICE en enero, pero sabe que su situación es frágil. Si bien es residente legal de Estados Unidos tras llegar al país con su familia cuando tenía dos años, podría ser deportado, ya que las leyes federales permiten la expulsión del país de inmigrantes condenados por ciertos delitos.
Keola dijo a periodistas el miércoles que se sentía “traicionado” por el Departamento Correccional y de Rehabilitación de California. “Esto es lo que hacen con personas que arriesgan su vida para proteger las casas de otros de incendios forestales”.
Agregó que puede ser deportado en cualquier momento “a un país con el que no tengo lazo alguno”.
Las leyes de California prohíben a la policía cooperar con las autoridades inmigratorias federales en algunos casos, pero no abarcan al sistema de prisiones estatales. Y las prisiones entregan rutinariamente reos al servicio de inmigración para que inicie procesos de deportación, según activistas.
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El año pasado el estado transfirió más de 1,400 reos a las autoridades inmigratorias, de acuerdo con al Comité de Apoyo a los Reos Asiáticos, que defiende los derechos de esa población.
Líderes demócratas de California, incluido el gobernador Gavin Newsom, tuvieron grandes enfrentamientos con el gobierno de Donald Trump en torno a los inmigrantes sin permiso de residencia, pero Newsom resistió algunos aspectos de una versión previa del proyecto.
En el 2019 vetó la iniciativa diciendo que le preocupaba su “impacto negativo en el funcionamiento de las prisiones” y que “podría afectar y demorar transferencias por una cantidad de razones en casos específicos, como la atención médica o obligaciones judiciales”.
La oficina de Newsom no respondió de inmediato a un pedido de comentarios acerca del nuevo proyecto. El ICE no comenta proyectos legislativos pendientes.
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“Es hora de poner fin al doble castigo a los californianos inmigrantes”, sostuvo la asambleísta Wendy Carrillo, una demócrata de Los Ángeles que presentó el proyecto la semana pasada. “No necesitamos dedicar valioso tiempo y recursos a transferencias innecesarias al ICE”.
El senador demócrata Scott Wiener, uno de los patrocinadores del proyecto, dijo que la pandemia del coronavirus aumenta la necesidad de sacar a los inmigrantes de los centros de detención. El ICE tenía 14,397 personas bajo su custodia a nivel nacional la semana pasada, comparado con los 56,000 del 2019, como consecuencia en buena medida de los esfuerzos por evitar la propagación del COVID-19.
