Las agrupaciones -el Southern Poverty Law Center en Washington, D.C., y el Innovation Law Lab de Portland, Oregon- denunciaron en su demanda presentada el martes que en vez de ser justos e imparciales, los jueces de inmigración le reportan al secretario de justicia Robert Barr y son presionados a denegar solicitudes de asilo.
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“Los tribunales de inmigración toman decisiones de vida o muerte todos los días: los más vulnerables, que piden asilo en Estados Unidos, dependen de un sano sistema judicial para protegerlos de la persecución, la tortura y la muerte. Aun así, en los tribunales de inmigración, la tradición de independencia judicial ha sido invertida”, dice la demanda contra el presidente Donald Trump y el secretario de justicia William Barr.
Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center y una de los principales protagonistas de la demanda, denunció que algunas partes de Estados Unidos se han vuelto “zonas libres de asilo” porque las cortes de inmigración en 23 ciudades han denegado más del 85% de las solicitudes. La principal de ellas es El Paso, Texas, que ha rechazado el 96,6% de los pedidos.
'Hemos llegado a tildar la situación actual de una máquina de deportación, y es porque lo es, porque es virtualmente imposible, especialmente en algunas jurisdicciones del país, representar eficazmente a individuos en los procesos de inmigración”, dijo Crow a la AP en una conferencia telefónica junto con Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab.
El Departamento de Justicia no contestó a pedidos de comentario sobre la demanda, que fue introducida en Portland, Oregon.
“El sistema de tribunales de inmigración es realmente el corazón de todo el debate nacional sobre la inmigración', declaró Manning, añadiendo que el gobierno de Trump usa los defectos de los tribunales de inmigración para justificar detenciones más extensas y 'prácticas totalmente inhumanas”, como obligar a refugiados centroamericanos a esperar en México o a ser trasladados a otros países.
Ilyce Shugall, quien fue abogada de inmigración durante 18 años, fue juramentada en 2017 como jueza de inmigración, pero renunció en marzo.
“Yo tomé un juramento de que protegería la Constitución con mi investidura. Cuando este gobierno hizo tal cosa imposible, renuncié, declaró Shugall el miércoles en entrevista telefónica. El juez que tomó su juramento también renunció.
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